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Ya hay un problema, digamos, de relaciones públicas, en el hecho de que El Mayo Zambada pueda quedar asociado a una querella de soberanía nacional.

Como escribí ayer, es el último personaje que alguien querría tener como encarnación de su soberanía o a cuenta de ella.

Más aún en el momento en que se presenta una creíble amenaza de intervención estadunidense, bajo la muy precisa decisión de declarar terroristas a los principales cárteles de la droga que hay en México, y bajo la muy estricta y repetida afirmación del presidente Trump de que el gobierno de México está aliado con o dominado por ellos.

La reacción del gobierno mexicano a este momento de ofensiva política de Trump ha sido cambiar la Constitución para decir en un par de artículos, un tanto redundantes, que nadie puede intervenir en México si no es con la autorización de México.

No sé si sea remedio suficiente para la situación que enfrenta el país por haber dejado crecer el crimen en su territorio. No lo creo. Quizá vaya mejor encaminado el esfuerzo visible de las fuerzas de seguridad de mostrar resultados en decomisos de droga y delincuentes, no sólo para responder a la presión estadunidense, sino para ocuparse de la que debió ser siempre una prioridad del gobierno: la seguridad de los mexicanos.

El país es un territorio asolado por bandas criminales y por el crimen cotidiano. No por nada el gobierno de Trump ha llegado a las conclusiones radicales que puso sobre la mesa respecto de las complicidades del gobierno con los narcos.

Eso es consecuencia directa de los últimos seis años de tolerancia y abrazos con los cárteles del crimen organizado, de la ostensible simpatía del ex presidente López Obrador con los narcos oriundos de Sinaloa, a cuyo pueblo emblemático, Badiraguato, hizo cinco giras presidenciales.

Los tenía “en paz” y estaba contento con ellos, hasta que los hijos de Joaquín Guzmán secuestraron a El Mayo, para entregarlo a Estados Unidos, desatando ahí la guerra intestina que sacude la tierra sinaloense.

El gobierno anterior dio paso a la expansión del crimen con su tolerancia cómplice. El gobierno actual paga los platos rotos. Es parte de su herencia, que parece cada día, como decían los meshicas de la suya, “una red de agujeros”.