El laberinto de nuestra realidad

Hay un nuevo régimen político. Los cambios a la Constitución, el realineamiento electoral y de los grupos de interés, así como la incorporación de las fuerzas armadas al ámbito civil han convertido a la presidenta Sheinbaum es la mandataria que ha logrado concentrar más poder que cualquiera de sus antecesores. El país no es el mismo: no sólo rompe con el pasado, sino que ni siquiera se asemeja a los lejanos tiempos del viejo presidencialismo.

Esta concentración del poder exhibe limitaciones inéditas. Se trata de una presidencia fuerte y débil al mismo tiempo. Tres son las debilidades más relevantes: la propia del nuevo régimen político, por el peso fáctico del fundador del proyecto; el embate del crimen organizado y su incidencia en la economía, la política y la seguridad; y la presión del gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, migración y relación comercial.

La fortaleza del régimen se ubica en el terreno político con una oposición institucional con una debilidad sin precedentes y factores de poder alineados sin rubor con el gobierno. No obstante, lo más significativo es que el liderazgo político está disputado porque nuevas formas del ejercicio del poder se superponen a la legalidad y al carácter unipersonal del gobierno.

La disputa del Estado se da en dos frentes. Por un lado, criminales convencionales que ejercen control territorial; por otro, nuevas expresiones delictivas que operan al interior de los propios órdenes de autoridad. Increíble, pero enfrentarlos implica un alto costo político que compromete la unidad de la coalición gobernante y la legitimidad de un gobierno que se presenta como distinto al pasado.

Estados Unidos ha logrado imponer su agenda a partir de las dificultades, insuficiencias y omisiones del gobierno mexicano, especialmente en seguridad. Sus prioridades no necesariamente coinciden con las nacionales. Se trata de una relación compleja que, en los hechos, suele resolverse mediante el control y la imposición de agendas. En este contexto, no es necesario recurrir al envío de políticos narcotraficantes o a una incursión militar en territorio nacional, como algunos presumen; basta con que los gobiernos subordinados hagan lo que el hegemón dicta.