No es poca cosa que la Comisión Federal de Electricidad incumpla un contrato firmado con la empresa canadiense TC Energy sobre el Gasoducto Marino Sur
¿Qué pasaría si el gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunciara que su país quiere reabrir las negociaciones del acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC) para garantizar el respeto de los contratos firmados por los tres países?
Lo primero que ocurriría sería una sacudida financiera en los mercados, con un deterioro aún mayor de las expectativas económicas de México.
Después, vendría una conexión entre esa exigencia de tener certeza jurídica por parte del socio comercial del norte y los episodios de falta de respeto a los contratos por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
No es poca cosa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incumpla un contrato firmado con la empresa canadiense TC Energy sobre el Gasoducto Marino Sur que corre de Texas a Tuxpan.
Y no es algo menor, porque no es simplemente que el director de esa empresa, Manuel Bartlett, con sus muy particulares formas de proceder, lo haya decidido. Sino que el propio presidente López Obrador refrende que desde su óptica son contratos leoninos, abusivos, que afectan la hacienda pública.
Y porque es un asunto de tal interés para el gobierno canadiense que el propio embajador de ese país norteamericano fue muy claro en su posicionamiento vía Twitter: “Estoy profundamente preocupado por las acciones recientes de la @CFE_mx”, escribió el embajador Pierre Alaire, y por la señal que envían de que, a pesar de las declaraciones de @lopezobrador_, México no desea respetar los contratos de gasoductos.
Es lo natural que un gobierno respalde a una empresa de su país ante tal arbitrariedad. Menos suerte tiene grupo Carso, a quien también la CFE incumplirá un contrato de un gasoducto que está en construcción y al que ya le han invertido cientos de millones de pesos.
El presidente López Obrador se ufana de que Canadá no puede exigir a México el cumplimiento de este contrato a través del pacto comercial vigente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ni tampoco a través del sustituto en proceso de aprobación, el T-MEC.
Dice el presidente que estos temas no están en el acuerdo comercial y que, por lo tanto, no se lo pueden exigir por esa vía.
Más vale que la 4T no les dé ideas a los gobiernos de Canadá y Estados Unidos para exigir un reforzamiento de las normas legales dentro del acuerdo comercial. Porque, como sea, ni el Parlamento canadiense, ni el Congreso estadounidense han aprobado el T-MEC. Y hoy la violación al Estado de Derecho es flagrante.
La vulneración de estos contratos energéticos va en sentido contrario de una buena relación con los empresarios y con los países que invierten en México. Sería una razón más que suficiente para exigir garantías adicionales.
De hecho, el propio presidente estadounidense, Donald Trump, dejó entrever la posibilidad de reabrir el texto comercial para cumplir con algunas de las exigencias de los demócratas para aprobar el pacto. Demandas que corren, justamente, por la necesidad de obligar a México a que respete sus propias leyes. Y como Trump ya sabe que puede doblar con facilidad al gobierno de este país, podría parecerle más fácil hacer que México acepte las nuevas condiciones a convencer a los demócratas.
Esos incumplimientos, de manera voluntariosa, de los contratos, de las leyes, de los compromisos o de las resoluciones de los órganos autónomos no pueden quedar como acciones sin consecuencias. La factura es para el país entero.
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