Lo que sea que los tres poderes tamaulipecos hagan contra la detención parece destinado a fracasar
Con las eventuales responsabilidades penales pendientes de desahogarse en tribunales, la persecución contra el gobernador de Tamaulipas está enredada en una maraña política y legal que impide separar la basura de lo que en justicia procede.
Se antoja razonable aceptar que las atribuciones de la Federación superan a las estatales aun si cada entidad es constitucionalmente “soberana”, y son federales las acusaciones y las instancias en juego para llevar a la cárcel a Francisco Javier García Cabeza de Vaca: Acordes con la manifiesta carga presidencial, las imputaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada son delitos federales; provienen de la Fiscalía General de la República; la declaración de procedencia fue acordada por la mayoría de la diputación federal, y un juez federal firmó la orden de captura.
Lo que sea que los tres poderes tamaulipecos hagan contra la detención parece destinado a fracasar.
De lado del gobernador (quien goza del apoyo del Congreso tamaulipeco y del Tribunal Superior de Justicia) están hechos que no son desdeñables: ocupa el cargo como resultado de una elección constitucional (el cacareado “voto popular”); el fuero del que goza no es una prebenda que le haya regalado la Federación sino que lo mandata la Constitución y así lo juzgó el ministro de la Suprema Corte Juan Luis González Alcántara Carrancá. Pero del ámbito federal también, un juzgador de rango inferior, Iván Aarón Zeferín Hernández, obsequió la orden de aprehensión.
Inaudita provocación o fuego amigo en el Poder Judicial de la Federación. En la declaratitis del caso, el presidente López Obrador (“no es mi fuerte la venganza”, dice, ¿cuál agravio lo motiva para decir eso?) y el senador Ricardo Monreal dicen que lo mejor sería que Cabeza de Vaca “solicitara licencia”.
¿Ignoran que tal procedimiento garantiza la conservación del fuero? Morenistas y sus contlapaches en el Senado se disponen a declarar la “desaparición de poderes” en Tamaulipas, donde los tres constitucionales (congreso estatal, Tribunal Superior y al menos hasta anoche el mandatario perseguido) vienen ejerciendo sus funciones, están activos, nada caóticos ni “desaparecidos”. En el “resistiremos juntos” de que hace alarde el gobernador sobre el PRI, el PAN, el PRD y MC qué bueno que no añadió a su policía porque hay un preocupante aderezo de aparente respaldo: efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas, equipados con metralletas, rifles, pistolas y tanquetas, custodian la casa del gobernador.
¿Alguien los imagina oponiéndose a la detención de su jefe de jefes, en especial si los ministeriales federales llegan apoyados por el Ejército, la Marina Armada y la Guardia Nacional? Y por solicitud de los diputados locales, a la ensalada se suma la posibilidad de que la fiscalía estatal abra estériles carpetas de investigación contra el juez que ordenó la captura y quienes la promovieron, los empleados de quien desató la espectacular cacería.
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