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Entiendo las reservas de amigos y colegas ante la expresión “elección de Estado”, para describir lo que pasa en México y que culminará el domingo con la jornada electoral.

El dicho “elección de Estado”, asumido a fondo, sugiere unas elecciones totalmente controladas por el Estado: participantes, árbitros, resultados.

Sugiere algo parecido a las elecciones soviéticas del siglo pasado o a las cubanas de hoy.

Los mexicanos tenemos una historia de elecciones de Estado menos aplastantes. Fraudulentas y previsibles, pero no de puño de hierro.

De hecho, el PRI aflojó el puño de hierro sobre las elecciones, debido a sus fracasos gubernativos. Eso abrió el cerrojo de la “dictadura perfecta” y dio paso a la “transición democrática”.

La transición culminó en un árbitro electoral autónomo y en la alternancia de las elecciones de 2000, cuando Vicente Fox “sacó al PRI de Los Pinos”.

Las elecciones de Estado mexicanas fueron siempre menos totalitarias que las soviéticas y las cubanas, aunque se parecían en el propósito fundamental: que no ganara la oposición.

La historia acabó con ese parecido: en México la oposición pudo ganar la Presidencia en 2000 y lo viene haciendo desde entonces.

La alternancia es una de las modas de la costumbre electoral mexicana: cada día más los votantes usan su voto como castigo y echan del poder al que gobierna.

Nadie en su sano juicio puede hablar de que vivimos en México una “elección de Estado” en el sentido soviético, o ruso con Putin.

Vivimos una cosa más mexicana, más hipócrita, aunque no menos descarada. Se trata hoy de garantizar, con el poder del Estado, una cantidad suficiente de votos inducidos, para ganar elecciones competidas.

No se trata de aplastar la elección, sino de controlar los porcentajes suficientes de ella para ganar.

Digamos, un 8% de los votos. Con 8% de los votos fraudulentos alguien gana 38 a 30, holgadamente. Pero sin el fraude, habría empatado o perdido.

Eso es lo que estamos viviendo en México y, probablemente, lo que veremos el 2 de junio: una elección de Estado que impone fraudulentamente los márgenes suficientes para ganar.