El enemigo íntimo

“Solo hay una verdad absoluta: que la verdad es relativa”
Andrés Maurois

Para nadie es un secreto que los ejes transversales de la disfuncionalidad política mexicana son: la inseguridad, la corrupción, la impunidad y el crecimiento económico. Estas variables se han convertido en los jinetes del apocalipsis de la modernidad nacional. Estos jinetes que aquejan a la sociedad mexicana fueron los ejes de las campañas políticas del 2018, y sobre ellos, se construyeron las promesas y propuestas de gobierno.

Aunque todos los candidatos ofrecieron diversas medicinas para tales entuertos, el voto mayoritario favoreció las propuestas del actual Presidente de México. Todas las variables generan incertidumbre e inquietud, sin embargo, el tema de seguridad desmonta todas las percepciones y coloca en el centro del debate, la capacidad o incapacidad del gobierno de garantizar un entorno de confianza para ciudadanos y empresarios.

Desde que Felipe Calderón inauguró la temporada de patos contra el crimen organizado, de forma implícita, el gobierno federal se apropió de la lucha contra la delincuencia organizada y la desorganizada. Tal apropiación provocó de manera gradual que, Gobernadores y Presidentes Municipales, relajaran sus políticas de seguridad ciudadana y delegaran su responsabilidad a las diferentes instancias del gobierno federal.

La apropiación del discurso contra el crimen organizado ha generado también durante los últimos 13 años que, las políticas públicas y los presupuestos para contrarrestar la creciente inseguridad, se hayan incrementado de forma exponencial y notable. Solo como ejemplo, el PEF 2008 relativo al concepto de seguridad nacional y pública que incluye a la Secretaría de la Defensa, a la de Marina, a la PGR (hoy FGR), Secretaría de Seguridad Pública y el Fondo de aportaciones para la seguridad pública de los Estados y el DF (hoy CDMX), recibió un presupuesto equivalente a 80,281.2 millones de pesos. Para 2019, el Congreso aprobó un presupuesto para el concepto de seguridad pública equivalente a 144,809.7 mdp.
En 11 años, el dinero público destinado a combatir el crimen se ha incrementado en un 80 %, paradójicamente, 2019 terminará siendo el año más violento en la historia del país con una cifra de 34 mil homicidios. Primera conclusión, invertir más dinero para seguridad, no reduce la delincuencia. Es dinero tirado a la basura.

En este sentido, el abordaje narrativo y político en contra de la violencia es falso. Se confunden delitos del fuero común con delitos del fuero federal. Quien persigue homicidas también persigue secuestradores. Quien combate narcotraficantes también combate rateros de casas habitación y de transporte público.
Con la aprobación de la Guardia Nacional se pretende generar un proceso de sometimiento gradual de la delincuencia. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha señalado que el gobierno federal tiene claro que “sin la depuración, restructuración y fortalecimiento de las policías estatales y municipales, no habrá Guardia Nacional que alcance para atender el reclamo ciudadano”.

La Secretaria revela entonces que ni Gobernadores ni Presidentes Municipales, han tomado con seriedad su responsabilidad primaria frente a un tema que parecer no tener atajo. Muestra de ello, son las cifras de ejecuciones registradas este año. En un sistema presidencial como el mexicano, el primer señalado por la incapacidad es el Ejecutivo Federal, sin embargo, resulta muy claro que muchos de los Gobernadores y mandatarios municipales, no están haciendo su trabajo. El siguiente Top 5 refleja la ineficiencia de los gobernadores en materia de seguridad, por lo menos, en la cifra de homicidios.

1.Guanajuato es gobernado por Diego Sinhue Rodríguez del PAN. El partido que ahora comanda Marko Cortés gobierna la entidad desde 1991. En noviembre de este año se registraron 255 homicidios. En el año tiene un acumulado de 2435.

2.Chihuahua es gobernado por Javier Corral del PAN. En noviembre registró 127 homicidios, en todo el año suma 1190. En los límites de Chihuahua y Sonora, fueron asesinados los integrantes de la familia LeBaron.

3.Michoacán es gobernado por Silvano Aureoles del PRD. El 11 de diciembre del 2006, Calderón puso en marcha el operativo conjunto Michoacán con lo que inauguró la llamada Guerra contra el crimen organizado. Desde esa fecha, la entidad no ve la suya. Solo en materia de homicidios llevaba hasta noviembre de este año, un acumulado de 1180. Segunda conclusión, violencia genera más violencia.
4.Jalisco es gobernado por Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano. En noviembre registró 89 homicidios. En lo que va del año suma 1037. 94 muertes por mes, 3.14 a diario.

5.Veracruz es gobernado por Cuitláhuac García de Morena. Desde la gestión de Fidel Herrera, la entidad vive una espiral de violencia interminable. En lo que va del año registra 833 homicidios.
Tercera conclusión: Gobernadores y alcaldes han delegado su responsabilidad al gobierno federal. Actitud laxa e inexcusable. Para qué un crecimiento económico, cuando inseguridad, injusticia e impunidad corren rampantes por las brechas y veredas de la gestión estatal y municipal.
De la libreta
1.Contrariamente a la percepción colectiva, Sinaloa y la CDMX, no están en los primeros lugares de inseguridad, por lo menos en materia de homicidios. Sinaloa se ubica en el lugar 14 y la capital del país en el 15. Los estados más seguros son: Yucatán, Campeche y Aguascalientes.

2. De acuerdo con cifras del Tribunal Universitario que preside el Dr. Eduardo López Betancourt, la UNAM tiene un registro de 354 casos de acoso e incluso violación. Las escuelas y facultades con mayores casos y problemas son: CCH Vallejo, la Preparatoria 5, la FES Iztacala, Filosofía y Letras, así como la FES Acatlán. Se habla de complicidad entre autoridades y acosadores.