El caso Abengoa y otras penas del Infonavit

Alejandro Murat Casab asumió la dirección general del Infonavit en el 2013 luego de prometer que construiría un nuevo modelo hipotecario, para beneficio de los trabajadores. Un año después, propuso a los integrantes del Consejo de Administración constituir el Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores (Fanvit) y un Comité de Inversiones para definir e instrumentar los criterios generales de inversión, así como de establecer políticas generales de control, monitoreo, supervisión y transparencia para la gestión e inversión de los recursos del Fanvit y de cualquier otro recurso bajo administración del Infonavit.

Para gestionar las inversiones del nuevo fondo, el Instituto contrató de PRO Asset Management, firma que supuestamente contaba con la experiencia y la infraestructura requeridas para brindar asesoría y desarrollar una plataforma tecnológica operativa. Un servicio por 10 años, cotizado en dólares.

Por los primeros dos servicios, el proveedor recibió 40 millones de dólares y por el soporte de la plataforma tecnológica pactó otros 110 millones de dólares, que sería devengado en 120 pagos mensuales, a partir de julio del 2014 a enero de acuerdo con el contrato preparado por el despacho Galicia Abogados, S.C. El Infonavit se reservó el derecho de dar por terminado el contrato, de manera anticipada, “en cualquier momento y por cualquier causa”, con un aviso previo de por lo menos 30 días. Si la rescisión del contrato ocurría entre los años cuatro y cinco de vigencia, la penalización sería de 8.1 millones de dólares.

En el 2016 hubo un cambio en la dirección general del Infonavit y la nueva administración, encabezada por David Penchyna Grub, se abocó a corregir los errores y los despilfarros de su antecesor. Entre ellos, el contrato con PRO Asset Management, dado que afectaba la rentabilidad del portafolio del Fanvit. Para julio del 2018, el costo histórico de todos esos servicios representaban 1.86% del rendimiento del fondo.

Para esa fecha ya se había decretado la terminación anticipada. Las partes firmaron un convenio de transición por el que el proveedor recibía el pago pactado en el contrato y se comprometía a seguir prestando sus servicios y realizando mejoras continuas a la plataforma hasta el 30 de noviembre del 2018, con el pago de 950,000 dólares. Y otros tres meses de asesoría, sin costo alguno, que se cumplirán el 28 de febrero del 2019.

Fue a través del Fanvit que en marzo del 2015 —todavía estaba Murat al frente del Instituto— que se adquirió un primer certificado bursátil emitido por Abengoa México, por 49.5 millones. Entre abril y noviembre de ese año, Infonavit invirtió 807 millones en certificados bursátiles emitidos por ese corporativo de origen español, especializada en energía, telecomunicaciones, transporte y soluciones al medio ambiente.

Cinco meses después, Abengoa España entró en crisis financiera tras del fracaso de su plan de cambiar la estructura financiera de la empresa, buscando una ampliación de capital. Para noviembre del 2015 Abengoa México incumplió con el pago de dividendos y enfiló hacia el concurso mercantil.

Penchyna Grub recibió el Fanvit con un problema principal: el caso Abengoa, que había generado una “estimación por irrecuperabilidad” en los estados financieros del Instituto por 727 millones de pesos. La recuperación del monto invertido, sin embargo, se ha dificultado con el paso de los meses.

En el cumplimiento del convenio concursal, Infonavit recibió dos pagos, cada uno por 5% del saldo principal insoluto, como primer abono en la liquidación de los certificados bursátiles incumplidos: uno por 44.4 millones de pesos el 25 de marzo del 2018, y otro por 49.8 millones, el 10 de julio. El monto restante se completará en pagos trimestrales iguales.

Una auditoría forense, elaborada por E&Y determinó que el incumplimiento de Abengoa México y la baja en calificación ocasionaron un daño en el patrimonio del Instituto calculado en 554 millones de pesos, al bajar el valor de los Certificados bursátiles de 724 millones a 170 millones.

El 10 de marzo del 2017, se denunciaron los hechos y se formuló querella, ante la PGR, que abrió el expediente FED/SEIDF/ UEIDFF-CDMX/904/2017. Pero hasta junio del 2018, se mantenía este reporte: “la Carpeta de Investigación no se ha integrado en su totalidad; aún se esperan diligencias por realizar para lograr su judicialización”.

Efectos secundarios

CONTRAPESO. Con 20 minutos de retraso, la ministra decana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Luna Ramos, reanudó la sesión solemne en la que fue designado el nuevo presidente del máximo tribunal constitucional del país. Uno de los cuatro aspirantes, Alberto Pérez Dayán, declinó antes de que comenzara la primera ronda de votación en la que se impuso Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con siete votos. Los cuatro restantes los dividieron Alfredo Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. El nuevo titular de la SCJN propuso renovar la estructura institucional y preservar la independencia del Poder Judicial de la Federación.

PERFILADOS. El nombramiento del gobernador interino de Puebla tendrá que ocurrir a más tardar dentro de una semana, adelantó el diputado petista Juan José Espinosa, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local. En ese lapso, las fuerzas políticas tratarán de alcanzar un consenso en torno al sustituto de Martha Erika Alonso. Para la elección extraordinaria, la dirigencia panista decidirá entre dos exalcaldes de la Angelópolis: Luis Banck Serrato y Eduardo Rivera. Mientras Rivera es considerado como cercano al calderonismo y cuenta con un fuerte arraigo en la militancia panista, Banck presenta un perfil más ciudadano y cercano al extinto gobernador Rafael Moreno Valle.