¿Qué tanto interés se mantendrá estos temas en las mañaneras a partir del lunes? ¿Qué tanto seguirá la presión sobre el Poder Judicial a partir del domingo?
Mientras la Constitución no se alinee con ningún pulso autoritario y haya una Suprema Corte que la defienda, se mantendrá la garantía para los derechos ciudadanos, por ejemplo, para que no se confisquen los ahorros para el retiro.
La intentona oficialista de quedarse con 40,000 millones de pesos de dinero privado que muchos mexicanos mayores de 70 años tienen en sus cuentas individuales en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), para nutrir la ocurrencia presidencial de las Pensiones del Bienestar, viola más de un Artículo constitucional.
El Artículo14 de la Constitución dice que “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales”.
El Artículo 16 complementa lo anterior con esto: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento”.
El Artículo 22 prohíbe la confiscación de bienes y la Convención Americana de los Derechos Humanos prohíbe a la autoridad privar a alguien de sus bienes sin un juicio.
Lo que dice la reciente publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, que aprobaron los legisladores sometidos al Presidente, es que esas cuentas individuales pasen “sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar”, lo cual es claramente contrario a la propia Constitución.
¿Por qué ante algo tan claramente violatorio de las leyes fundamentales del país el presidente Andrés Manuel López Obrador amanece una mañana con la idea de confiscar esas cuentas privadas y crear un fondo público que pueda manejar a su antojo?
Porque cree que puede. Porque ya nos dejó claro que para él nadie le puede salir con eso de que la ley es la ley. Sin embargo, todavía es posible y eso está en marcha.
Seguro que muchos de estos fuegos artificiales buscarán respuesta en cuatro días, pero hay derechos individuales que se violan y por lo tanto esto debe alcanzar a la Suprema Corte.
Legisladores del PAN, PRI y PRD presentaron ante el máximo tribunal judicial una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas propuestas a diferentes leyes del sistema de pensiones para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
¿Qué tanto interés se mantendrá estos temas en las mañaneras a partir del lunes? ¿Qué tanto seguirá la presión sobre el Poder Judicial a partir del domingo?
Es imposible saberlo porque no hay ningún resultado garantizado, pero es un hecho que la Corte tendrá que acelerar el estudio de este caso y decidir si protege o no los derechos de las personas afectadas, porque el régimen ya le puso fecha al uso de esos recursos privados que no son suyos, y es a partir de julio.
El dique de no tener posibilidades legales de cambiar la Constitución y de no haber aplastado la independencia del Poder Judicial son los que han impedido que decisiones improvisadas y unipersonales como ésta de las pensiones hayan conculcado muchos derechos individuales en este país.
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