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Las evidencias acumuladas a lo largo de este régimen son categóricas: el camino económico elegido es incorrecto, y la administración se niega a cambiar el rumbo.

Solo la cruda realidad los ha forzado a adoptar medidas desesperadas, tardías e insuficientes. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es el ejemplo paradigmático. El capricho de construir esa terminal aérea alejada, costosa y generadora de riesgos al espacio aéreo, le implicó a México la pérdida de la Categoría 1 de seguridad aérea ante la FAA de Estados Unidos durante 28 meses.

Esta degradación se tradujo también en la cancelación de rutas y futuros vuelos hacia Estados Unidos. Ante esa crisis, el gobierno de Claudia Sheinbaum actuó de forma desesperada y tardía al reasignar slots en el AICM. El daño, sin embargo, ya estaba hecho.

Hoy, la economía mexicana está claramente en ruta de colisión y el daño más grave ha sido provocado por las políticas con un sesgo autoritario del propio régimen.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), junto con el resto de los organismos y analistas serios, acaba de rebajar las posibilidades de crecimiento de la economía mexicana y la causa que exponen es clara: la contrarreforma judicial y la pérdida de organismos autónomos frena las inversiones.

Es lo mismo que dicen otros organismos, bancos, analistas. Han sido voces de advertencia desde antes de emprender ese giro autoritario y hoy empiezan a notarse los estragos en los propios números.

Este año el Producto Interno Bruto no tendrá un crecimiento más allá de 0.7%, dato revisado de la OCDE y que es de los más optimistas. Pero el indicador de la inversión fija bruta de septiembre y su derrumbe anual de -8.38%, que además lleva 13 meses consecutivos de baja, muestra que el crecimiento futuro no puede ser consistente.

Sin inversión no hay crecimiento, pero sin confianza no hay inversión. Este régimen se ha dedicado a minar la credibilidad en la economía con modificaciones orientadas a consolidar un sistema de poder autoritario.

Y lejos de entender lo que hacen con el país, abonan en la misma dirección con más medidas decretadas, lejanas a las capacidades reales de los que arriesgan sus capitales.

El aumento de 13% al salario mínimo, claramente impuesto al sector privado, es música para el populismo, al igual que la reducción de la jornada laboral. Si bien tienen un impacto popular inmediato, son políticas que ignoran la dimensión real: forman parte de una ruta que conduce al desempleo y a una mayor inflación estructural.

El capricho del AIFA ya dejó consecuencias costosas y de largo plazo. De igual forma, veremos cómo caen las piezas de este populismo en áreas cruciales: en las inversiones, en el sector energético, en el libre comercio e, incluso, en los daños ecológicos en la Selva Maya.

El costo real de este sexenio, que ya va en siete años, no se medirá solo por los efectos ya conocidos del AIFA, sino en la destrucción sistemática de la confianza institucional, el único verdadero motor del crecimiento sostenible.

La “transformación” ha sido, en esencia, un experimento de populismo autoritario sobre la economía y la factura final la pagarán los ciudadanos con menor crecimiento y menos empleos de calidad.

El aumento de 13% al salario mínimo es música para el populismo, al igual que la reducción de la jornada laboral. Si bien tienen un impacto popular inmediato, son políticas que forman parte de una ruta que conduce al desempleo y a una mayor inflación estructural.