La corrupción es uno de los principales problemas de México. Según Transparencia Internacional, la corrupción nos cuesta más de 30 mil millones de pesos al año. Entre los 175 países evaluados por esa organización México está en el lugar 103. El Sistema Nacional Anticorrupción pretende ser una respuesta a esta grave y penosa situación. Esta … Continued
La corrupción es uno de los principales problemas de México. Según Transparencia Internacional, la corrupción nos cuesta más de 30 mil millones de pesos al año. Entre los 175 países evaluados por esa organización México está en el lugar 103. El Sistema Nacional Anticorrupción pretende ser una respuesta a esta grave y penosa situación.
Esta respuesta busca ampliar y reforzar las capacidades de fiscalización y sanción de los órganos de control del Estado. Estos son, sin duda, ámbitos de acción muy importantes. Pero también hay cambios que se pueden hacer en el diseño mismo de los programas de gobierno para prevenir, desde el origen, la corrupción.
El mejor ejemplo es el programa del alcoholímetro en el Distrito Federal, instituido en 2003, que ha permanecido intocado por la corrupción. Es un programa de calidad mundial, precisamente en una de las áreas en las que México está peor calificado a nivel internacional.
Desde sus orígenes, el alcoholímetro obtuvo aceptación social por su propósito y porque su diseño hizo evidente que no había posibilidad alguna de arreglos o ayudas indebidas. Sanciones a personalidades “influyentes” muy pronto le dieron un carácter republicano al programa y le confirieron legitimidad social.
Desde el punto de vista de su armado, el programa se distingue porque en las revisiones participa personal de distintas áreas del gobierno que se rota periódicamente. El resultado final de la prueba no depende de una sola persona, sino de una sucesión de “aduanas”. Son decisiones de equipos especializados.
Los equipos funcionan con reglas claras que no dejan espacio a la discrecionalidad. A un nivel de alcohol científicamente detectado corresponde una sanción precisa. Las sanciones son ineludibles e inconmutables.
En la revisión hay completa transparencia. Las verificaciones se hacen ante otros automovilistas y son videograbadas. La presencia de personal de derechos humanos e inspección policial refuerza la transparencia. También se utiliza la figura de supervisores encubiertos.
Todos estos elementos han hecho del alcoholímetro un programa ejemplar en México. Son elementos de sentido común que tendrían que incorporarse a otras acciones de gobierno. Pero no es así. El alcoholímetro es una excepción en un país reprobado en el combate a la corrupción.
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