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LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH,

SECRETARIO DE SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN CIUDADANA:

 

+ Abandonar: desatender,

desamparar, descuidar, prescindir.

Diccionario de la Real Academia

                 Debo reconocer que no acabo de entender cómo es que se ha logrado una disminución de 41% de los homicidios dolosos; bueno, he de decirle que los especialistas en seguridad tampoco. El desplome es tan grande que mueve a la duda. ¿Acaso el crimen organizado ha bajado su perfil de violencia? ¿Acaso, además de asesinar, los delincuentes desaparecen los cuerpos? ¿Acaso la estrategia de seguridad está dando resultados? ¿Acaso hay un subregistro de homicidios que ahora se clasifican como “delitos que atentan contra la vida”? ¿Acaso todas las anteriores?

Por cierto, Causa en Común hizo un ejercicio muy interesante sobre los datos que se difunden en las mañaneras en materia de seguridad. De los temas abordados, la ONG hizo 199 solicitudes de información las dependencias involucradas y solo el 22% fueron respondidas con información pertinente. 24% fueron desechadas aduciendo “inexistencias”, “incompetencias”, etc.; en 54% de los casos le respondieron negando cualquier sustento documental para la información difundida. Y lo más extraño: de las solicitudes que sí fueron atendidas, la mayoría de las respuestas NO coinciden con lo dicho en la mañanera. Y luego se preguntan por qué no creemos en las cifras oficiales.

Pero volvamos al tema central. Quiero creer que la estrategia de seguridad está funcionando, pero para que lo haga mejor valdría la pena que le echara un ojo a las policías locales, porque las investigaciones de Causa en Común pintan un panorama de claroscuros.

En los saldos positivos, esta ONG señala que después del abandono en el cual estuvo el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) durante el pasado sexenio (¡qué raro!), el gobierno de la doctora Sheinbaum parece reconocer su importancia y ha actuado en consecuencia. El CNSP es un ente en el cual se adoptan decisiones y lineamientos obligatorios para todas las instituciones de seguridad y dentro de los acuerdos recientes está el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, centrándose, entre otras cosas, en el incremento del estado de fuerza policial y ministerial.

Para enfrentar este compromiso, las instituciones estatales y municipales agrupadas en el CNSP van a empezar de cero. Empecemos con que los presupuestos son magros, muy magros. Durante el anterior sexenio gubernamental se eliminó el Programa de Fortalecimiento de la Seguridad y se creó otro (¡qué raro!), el Fondo para el Fortalecimiento de Instituciones de Seguridad; el asunto no terminó en un cambio de siglas, sino en la disminución de un 75% en el presupuesto de los subsidios federales para las policías estatales y municipales. “Para 2026,” nos dice Causa en Común, “los subsidios federales reportan incrementos marginales con respecto a 2025, (pero de todas maneras) representan una suma de recursos inferior a la asignada ocho años antes”. Así no se puede, don Omar

Por lo que hace a los salarios, en 2024 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública calculó que el ingreso mínimo para cubrir las necesidades de los policías y sus familias es de 16 mil 668 pesos netos mensuales. Pero con la pena de que la mayoría de los elementos policíacos ganan menos. De acuerdo con el INEGI, el 13% de los policías estatales reciben 10 mil pesos mensuales; a nivel municipal, el 55% recibe un ingreso inferior a 15 mil pesos.

Con otra, don Omar, además de mal pagados, no todos están afiliados a un organismo de seguridad social. 8% de los policías estatales están en el limbo, pero esta situación se agudiza entre los elementos municipales, pues 53% carece de protección social. Y luego nos preguntamos por qué entran en connivencia con el crimen organizado.

Los policías no se han quedado con los brazos cruzados ante su situación; el año pasado hubo por lo menos 58 movilizaciones, dos terceras partes de las cuales fueron organizadas por policías municipales. Su reclamos son varios: “abusos laborales y la destitución de sus mandos (26%), salarios bajos o sin homologar conforme a acuerdos previos con las autoridades (23%), falta de prestaciones (19%), falta de equipamiento (8%), y descuentos o retenciones salariales presumiblemente injustificadas (6%)” (Los policías en México. El drama de un retraso crónico. Causa en Común, 2025).

En fin, si queremos más seguridad, es necesario que los gobierno federal y estatales, se aboquen a profesionalizar y pagar lo justo a los policías.

 + Con la colaboración de Upa Ruiz

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