¿Ediles en fuga?


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Alberto AguirreSignos vitales

David Sánchez Isidoro hizo de Coacalco su bastión político sin haber cumplido con una carrera partidista. Como coordinador del servicio de agua potable y alcantarillado de ese municipio aledaño a Ecatepec y jefe del grupo político Adolfo López Mateos, tuvo acceso a los recursos que le permitieron alcanzar la alcaldía por primera vez en el 2006 y luego repetir en el 2009. En el trienio intermedio dejó el cargo a Roberto Ruiz Moronatti.


David Sánchez Isidoro hizo de Coacalco su bastión político sin haber cumplido con una carrera partidista. Como coordinador del servicio de agua potable y alcantarillado de ese municipio aledaño a Ecatepec y jefe del grupo político Adolfo López Mateos, tuvo acceso a los recursos que le permitieron alcanzar la alcaldía por primera vez en el 2006 y luego repetir en el 2009. En el trienio intermedio dejó el cargo a Roberto Ruiz Moronatti.

De la alcaldía a una curul… ¿y viceversa? En el 2015, dejó que Erwin Castelán, ex secretario particular de Sánchez Isidoro, llegara a la presidencia municipal. Lo conocía, pero también contó la recomendación de Gabriel O’Shea, actual secretario de Salud del gobierno mexiquense.

Además de una deuda millonaria, Castelán heredó “decenas de sentencias por juicios laborales y administrativos”, según consta en una tarjeta informativa difundida por comunicadores del gobierno mexiquense.

¿El denominador común? Directivos que rechazaron ser reubicados, en algunos casos, o los pagos de marcha ofrecidos tras de sus renuncias en los menos. De estos juicios perdidos, que en algunos casos datan del 2005, se tenía 16 sentencias desfavorables.

En los dos años que ocupó la alcaldía, Castelan erogó más de 300 millones de pesos para responder a los mandatos de jueces y magistrados, aunque sus obligaciones demandan otros 500 millones de pesos. Sin fondos suficientes, el cabildo decidió vender tres predios y sólo esperaban la autorización del Congreso local para enajenarlos.

El asueto decembrino frustró sus planes. En los juzgados habían dos casos que demandaban el pago de salarios caídos y la reinstalación. El más grave era un proceso laboral por despido injustificado, pago de salarios caídos, prima vacacional, aguinaldo y otras prestaciones.

El servidor público obtuvo una sentencia favorable, en el juicio de amparo 257/2012. Y el 3 de abril del 2013, el juez cuarto de distrito en el Estado de México ordenó que las autoridades responsables dieran cumplimiento al laudo al que fue condenado dicho ayuntamiento y otorgasen en favor del quejoso la cantidad correspondiente para tal efecto.

Pero ante el impago coacalquense tramitó el incidente de inejecución 1882/2013. Las autoridades municipales sostienen que en la junta local de conciliación y arbitraje, las partes no alcanzaron una conciliación. Y el laudo ordenaba el pago de 4.1 millones.

A la resolución del pleno de la SCJN, las autoridades mexiquenses respondieron con evasivas. El alcalde de Coacalco permaneció en sus oficinas hasta muy tarde en espera de la notificación formal. “El presunto incumplimiento de pago es falso”, sostuvo, “vamos a trabajar de la mano con la Corte para hacer las aclaraciones pertinentes”.

Al cierre de este espacio, sus representantes no habían entregado el cheque que lo salvaría del desacato.

“Esto no es una determinación optativa para la Suprema Corte, es una obligación que la Constitución nos impone de sancionar y destituir a los funcionarios, conforme al Artículo 107, fracción XV de nuestra Constitución Federal”, resumió el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales.

En la revisión de estos casos, la SCJN ha actuado sin distinguir tintes partidistas; allí están los casos de los jefes delegacionales del PRD en Venustiano Carranza, Israel Moreno, y Ricardo Monreal de Morena, quien gobernó en la Cuauhtémoc hasta el pasado 15 de diciembre. El político zacatecano prefirió separarse voluntariamente del cargo a someterse a un engorroso proceso sancionatorio y sostuvo que en esos litigios, la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México no solamente tenía que ser adhesiva.

Moreno fue destituido y su expediente, consignado ante un juez federal. Otros cinco jefes delegacionales —entre ellos Rigoberto Salgado, de Tláhuac (Morena); y Víctor Hugo Lobo, de Gustavo A. Madero (PRD)— también fueron emplazados por el Poder Judicial para cumplir con los laudos laborales.

Los ministros han dejado claro que no dejarán pasar ningún incumplimiento a una sentencia de amparo. Al menos una docena de casos de este tipo están listados, en espera de sentencia definitiva.

El pleno de la SCJN resolvió separar del cargo a los integrantes de cabildo de Coacalco y así como consignar tanto a éstos como a los anteriores integrantes de dicho cuerpo edilicio ante el juez de Distrito, por el incumplimiento del amparo otorgado al ex empleado municipal.

La medida también afectó a Luis Manuel Solano Urbán y Nora Luz Chávez Hernández, tesorero y síndico del ayuntamiento priista, así como a sus antecesores y al ex alcalde, David Sánchez Isidoro, quien actualmente funge como diputado federal y forma parte de la bancada priista en San Lázaro.

Pablo Pérez Maceda, alcalde de Tlacotepec, Puebla, y los integrantes de su cabildo, también han quedado separados del cargo y serán consignados ante un juez de distrito. En este caso, por la ejecución de un embargo.

Por cuanto al incidente de inejecución de la sentencia 134/2017, relativo al ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, el asunto fue retirado a efecto que se verifiquen las constancias que fueron remitidas, con las que se pretende demostrar el cumplimiento de la sentencia que en su momento dictó un juez de distrito de aquella entidad. Finalmente, también fue retirado el incidente de inejecución de la sentencia 13/2017, del ayuntamiento de Saltillo Lafragua, Puebla, para efecto de hacer una identificación de las autoridades señaladas como responsables.

  1. Desmoches en el Senado

    Apenas si habían transcurrido 72 horas del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, cuando comenzaron a aplicar las medidas de austeridad en el Senado de la República. A partir del 5 de julio comenzó un recorte hormiga. Antes de que concluyera ese mes, casi un millar de trabajadores —contratados por honorarios— ya habían dejado sus puestos y otro millar de personal comisionado a las oficinas de atención de los 128 integrantes de la Cámara Alta, también fueron liquidados.

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