Si la tolerancia no tiene un punto final, el verdadero daño no será administrativo, sino institucional. Y ahí, el costo lo paga toda la sociedad
La reciente decisión del gobierno estatal de ampliar, una vez más, el plazo para el emplacamiento de motocicletas no solo reabre el debate sobre la autoridad y la sensibilidad social; también lanza un mensaje que otros sectores, como el gremio de taxistas, no deberían pasar por alto.
La gobernadora Rocío Nahle García fue clara desde el inicio: seis meses eran suficientes para cumplir con el trámite. Su postura apostaba por la disciplina fiscal, el respeto a los tiempos y el orden administrativo, pilares básicos para cualquier gobierno que pretenda credibilidad y estabilidad. Sin embargo, la intervención de la Secretaría de Finanzas y Planeación terminó inclinando la balanza hacia una nueva prórroga, ahora limitada al mes de enero.
Desde el ángulo social, la medida puede leerse como un gesto de flexibilidad. No todos los motociclistas tienen las mismas condiciones económicas ni el mismo acceso a los trámites, y una ampliación evita sanciones que golpeen directamente a las familias. Regularizar más unidades también impacta, a largo plazo, en el control vehicular y la seguridad pública.
Pero el mensaje no es menor: cuando las prórrogas se normalizan, se fomenta la cultura del “luego”, del incumplimiento cómodo. Y aquí es donde otros sectores, como los taxistas, deben poner atención. Cada extensión sin consecuencias genera expectativas de trato preferencial y abre la puerta a reclamos futuros: si a unos se les concede tiempo extra, ¿por qué otros deben cumplir sin margen?.
El problema no es la prórroga en sí, sino la falta de un criterio equitativo y ordenado. Las contribuciones deben ser parejas, claras y aplicables para todos. De lo contrario, el resultado no es justicia social, sino desorden político. Quienes cumplen en tiempo y forma se sienten castigados por hacer lo correcto, mientras la autoridad pierde firmeza al desdecirse.
Gobernar con sensibilidad no significa renunciar a la legalidad. Al contrario: implica establecer reglas claras, respetarlas y hacerlas cumplir sin excepciones recurrentes. Esta última prórroga, anunciada como definitiva, es una prueba de fuego.
Enero no solo es un mes límite para el emplacamiento. Es una advertencia para todos los sectores, incluidos los taxistas: confiarse en las extensiones puede salir caro. Si la tolerancia no tiene un punto final, el verdadero daño no será administrativo, sino institucional. Y ahí, el costo lo paga toda la sociedad.
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