Los cuestionamientos por el monto de la operación, las sanciones administrativas por descargas indebidas en los cuerpos de agua y las fallas estructurales causadas por errores en el diseño y la construcción de esas instalaciones tampoco han sido atendidos
Atrapada por la entrega-recepción en Petróleos Mexicanos, la adquisición de la terminal para el almacenamiento de petrolíferos de Servitux en Tuxpan, Veracruz, sigue en el limbo.
Los cuestionamientos por el monto de la operación, las sanciones administrativas por descargas indebidas en los cuerpos de agua y las fallas estructurales causadas por errores en el diseño y la construcción de esas instalaciones tampoco han sido atendidos.
Ahora en Barranca del Muerto, antes desde Marina Nacional, altos mandos de la Cuarta Transformación con vínculos con las áreas de almacenamiento y logística de hidrocarburos insisten en cerrar la compra, Veracruz, pese a advertencias sobre riesgos estructurales graves.
La instalación, clausurada anteriormente por la CRE por deficiencias operativas, fue modificada para aumentar su capacidad, lo que podría haber comprometido la estabilidad de los tanques y elevado los riesgos de derrames y daños ambientales.
Sin un dictamen técnico independiente actualizado, la insistencia de estos exfuncionarios durante la gestión de Octavio Romero Oropeza, genera sospechas de conflictos de interés, dado que ya no trabajan en Pemex, pero mantienen influencia.
El proceso de adquisición, aunque autorizado, enfrenta críticas por falta de transparencia y posibles riesgos financieros. Diversos sectores exigen una auditoría técnica y una investigación sobre el papel de los exfuncionarios antes de concretar la transacción.
La instalación, propiedad del grupo estadounidense Monterra Energy, inició operaciones como una de las primeras plantas privadas de almacenamiento de combustibles tras la reforma energética de 2013. En septiembre de 2021, la Comisión Reguladora de Energía, con apoyo de la Guardia Nacional, clausuró temporalmente la terminal debido a presuntas irregularidades operativas y de seguridad.
En respuesta, Monterra Energy emprendió acciones legales contra el Gobierno de México y en febrero de 2022 presentó una Notificación de Intención de someter un arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por daños potenciales, por los que reclamó 667 millones de dólares, aunque solicitó resolver la disputa de manera colaborativa.
Posteriormente, Pemex anunció la compra de la terminal de Monterra en Tuxpan. La comisión reguladora de energía autorizó la transacción, por 320 millones de dólares. Sin embargo, la empresa productiva del Estado mexicano aún no ha cerrado la operación. Y mientras transcurra más tiempo, crecen las posibilidades de restituir a los inversionistas originales, quienes insisten en recuperar el recinto.
Efectos secundarios
¿DESTAPE? Una intensa agenda deberá cumplir el vicecoordinador de la bancada oficialista en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, este fin de semana en Zacatecas. Los foros de consulta en materia agropecuaria para conformar el Plan Nacional de Desarrollo son el pretexto ideal para que el legislador barzonista convoque a personajes locales, que tratan de apuntalar un candidato a la gubernatura para el 2027… al margen del monrealismo. En segundo plano, aunque con las mismas intenciones, José Narro y Ulises Mejía. Entre las mujeres, las legisladoras Verónica Díaz y Soledad Luévano concitan apoyos de distintas facciones morenistas, y la comisionada del Inai, Norma Julieta del Río Venegas, cuenta con el reconocimiento del electorado zacatecano, que además no la identifica con ninguna fuerza partidista.
CONTUMACIAS. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ha afrontado intentos de estafas telefónicas desde hace cuatro años. Y ante las recientes denuncias sobre esta modalidad de fraude negó que sus directivos hayan realizado solicitudes de pago de cuotas inexistentes u ofrecimientos de trabajo a través de mensajes o llamadas telefónicas. En cuanto a la infiltración a un listado del Instituto, informó que el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos fue activado de inmediato, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Es importante señalar que toda la información que se encuentra en dicho listado está encriptada, por lo que su uso resulta técnicamente inviable.
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