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A dos décadas de los videoescándalos, Carlos Ahumada Kurtz sigue con un cúmulo de adeudos. Sentenciado por fraude genérico, en agravio del gobierno del entonces Distrito Federal, no ha cubierto los 30 millones de pesos que imputó el juzgador, como reparación del daño al erario capitalino.

Desde hace cuatro años, la Fiscalía General de la República reclamó la extradición del empresario de origen argentino, como presunto responsable de fraude y extorsión en agravio del PRD y su entonces presidenta nacional, Rosario Robles, quien en agosto del 2013 acudió ante las autoridades judiciales a tramitar una denuncia por la manipulación de su firma en un pagaré —por 400 millones de pesos— que Ahumada quiso hacer valedero.

Repatriado en Argentina, tras pasar 45 meses en el Reclusorio Oriente, el polémico empresario volvió al demandante negocio del futbol, con sus nóminas abultadas y foscos patrocinios. Antes de que fuera reclamada su presencia en México, por sus pendientes con la justicia, invirtió en los equipos: Talleres de Córdoba; Juventud Unida Universitario y Estudiantes de San Luis, e Independiente Rivadavia, de los que se retiró para dedicarse a la construcción de plantas solares.

Ahumada Kurtz tuvo pocas apariciones mediáticas en el sexenio lopezobradorista, aunque en vísperas del arranque de la campaña presidencial hubo insistentes rumores sobre su probable reaparición. Así ocurrió hace cinco semanas, cuando quiso regresar a México en un trayecto con escala en Panamá, donde fue retenido por las autoridades migratorias. Interpol había emitido una alerta sobre su localización, por la indagatoria abierta por la FGR.

El pasado jueves 5 de junio, una jueza federal había concedido una suspensión provisional, pero el gobierno panameño lo retuvo y antes de ordenar su deportación, dio oportunidad a las autoridades mexicanas de tramitar la extradición. La fiscalía tuvo que abstenerse de tramitar la extradición y Ahumada terminó ese periplo en Paraguay. Entonces quedó confirmado que también la Fiscalía General de la CDMX había requerido su presentación, en la causa penal por el delito de fraude genérico, que lo llevó a la cárcel.

Beneficiado por otra suspensión provisional, obtuvo su libertad y se refugió en su natal Argentina. La fiscalía capitalina requirió su re-internamiento (le quedan por cumplir 22 meses y 23 días de su condena, por cinco años) y pagar más de 29 millones de pesos como reparación del daño, de acuerdo con la sentencia.

“Es falso que haya compurgado por completo la pena que le fue impuesta”, alegó la dependencia encabezada por el fiscal encargado, Ulises Lara. Tras de cumplir con los trámites migratorios, Ahumada fue sometido a un examen médico y notificado de la “invitación” para acudir al Reclusorio Norte, ante el juez de ejecución.

“Dicha persona señaló que comparecerá voluntariamente a las 13:00 horas ante la autoridad judicial”, comunicó la dependencia, aunque el abogado Enrique Ostos, quien encabeza el equipo jurídico de Ahumada, descartó que esa audiencia ocurriera inmediatamente.

Pero Ahumada cumplió su palabra y acudió al Reclusorio Norte, donde sus abogados presentarán este mediodía un escrito para exigir que esa pena —y la sanción impuesta— prescribió en el 2023.

“Por la suspensión, no tiene la obligación de ingresar al Reclusorio Norte”, confió Ostos, “Y como cualquier ciudadano que ha sido sentenciado a cinco años de prisión, Carlos goza del beneficio de la condena condicional”.