Otros apuntan al exfiscal bajacaliforniano, Ricardo Iván Carpio Sánchez, quien apenas pasó 20 meses al frente de ese órgano autónomo, aunque su nombramiento era por seis años
Hasta ahora, solo dos figuras políticas han reconocido públicamente que se les ha prohibido viajar a Estados Unidos. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, atribuyó la revocación de su visa debido a “una situación” relacionada con su cónyuge, el exdiputado y expanista Carlos Torres Torres.
Ni sus negocios con Edgardo Flores Campbell en materia de seguridad o el involucramiento de su hermano Luis en asuntos aduanales explicarían las pesquisas de las autoridades estadounidenses. Algunos apuntan a la existencia “evidencia irrefutable” —y de ‘videos comprometedores’, concretamente— para su inclusión en la lista de destacados políticos mexicanos que, de acuerdo al gobierno estadounidense, están vinculados a la corrupción derivada del narcotráfico.
Otros apuntan al exfiscal bajacaliforniano, Ricardo Iván Carpio Sánchez, quien apenas pasó 20 meses al frente de ese órgano autónomo, aunque su nombramiento era por seis años. En agosto del 2023 renunció “por motivos personales” nunca especificados.
Sus diferendos con el cónyuge de la gobernadora Marina del Pilar, empero, fueron públicos y notorios. En sentido inversamente proporcional, los recientes vínculos de Torres Torres con Pedro Haces Barba, secretario general de la CATEM y actual coordinador político de la bancada morenista en San Lázaro, quien en el último bienio ha tratado de acrecentar la presencia —con relativo éxito— de su central obrera en la península bajacaliforniana.
Entre los aliados y los enemigos de la gobernadora de Baja California y su esposo destaca el estratega Jorge Camarillo, encargado de su reputación en las redes sociales. Y en el extremo opuesto, el diputado morenista Fernando Castro Trenti, el tijuanense con más acceso a Palacio Nacional junto con Amador Rodríguez Lozano.
Ayer, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y la lideresa en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, acudieron a la sede central de la Cancillería para tramitar un “derecho de petición” sobre el affaire Marina.
“Los bajacalifornianos han perdido la confianza en su gobierno”, resumió Mata Lozano, “la sociedad está volcada en contra de la gobernadora Marina del Pilar… pedimos que se reitere de las mesas de seguridad y deje de presidir la Conago”.
En Palacio Nacional, ante pregunta expresa, las expresiones fueron de aliento. “No hay ninguna información en la Fiscalía General de la República que pudiera decir que hay algo en contra de Marina del Pilar. Entonces, ella hace buen trabajo. La quiere mucho la gente, lo he visto, lo he percibido…”.
Efectos secundarios
¿CAUTELARES? Un grupo de candidatos a jueces y magistrados del Poder Judicial de Baja California recurrió al Tribunal Electoral federal para impugnar las boletas emitidas por el Instituto Electoral que oficializaron las 53 candidaturas comunes registradas por los tres poderes de aquella entidad. Esa lista, a su juicio, violenta sus derechos político-electorales y ante la cercanía de las elecciones consideran que lo mejor es cancelar las votaciones. En Durango y Coahuila también se recurrió a ese peculiar formato que anula la competencia.
¿RETORNO? La invitación que circula en redes sociales marca un código de vestimenta —“formal, de blanco y negro”— y requiere confirmar, porque la anfitriona, Sandra Cuevas, ha reservado el derecho de admisión a la apertura de su galería de arte, la noche de este miércoles 21. Antes, la exalcaldesa ofrecerá una rueda de prensa para compartir “los objetivos de este proyecto, su compromiso con la diversidad cultural y la relevancia de las obras que conforman su exposición inaugural”.
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