No obstante, un grupo minoritario de institutos estatales se manifestó a favor de generar convenios de colaboración y desarrollar plataformas locales, “para no depender de una tecnología centralizada”
A lo largo de 21 años, el órgano constitucional autónomo ha recibido —hasta el pasado 26 de noviembre del 2024— poco más de 10.1 millones de solicitudes de acceso a la información, un promedio de 40,200 trámites cada mes. Una cifra modesta, aunque en la Plataforma Nacional de Transparencia, instaurado hace 10 años, almacena 14,971 millones de registros.
El sistema Infomex funcionó entre el 2003 y el 2014. En esa primera etapa lo administró el IFAI y tras de su conversión en el Inai, en el seno del Sistema Nacional de Transparencia se encargó al comisionado Óscar Guerra Ford ensamblar la nueva plataforma que a punto de bajar el switch —de conformidad con la reforma constitucional que mandata una simplificación orgánica de la administración pública federal— alberga 7,359 sujetos obligados; de éstos, 9.8% son federales, pero apenas 2.8% pertenecen al Poder Ejecutivo.
Hace una década, Guerra Ford —quien tras de cumplir su mandato en el Inai fue designado secretario ejecutivo del SNT hasta que renunció hace un año en medio del escándalo derivado de sus gastos de representación— propuso un paquete de lineamientos para completar la migración de todas las solicitudes de los sistemas INFOMEX a la nueva plataforma, que desde entonces concentra las solicitudes de información pública y ARCOP.
La arquitectura de la PNT —entonces encargada a un proveedor externo— habilitó un motor de búsqueda nacional y 11 buscadores temáticos, además de un Centro de Atención a la Sociedad, para realizar solicitudes a los sujetos obligados de las 32 entidades federativas y de la APF.
Entonces se aspiraba a formar un “expediente único electrónico” de todos los usuarios de la PNT, que nunca se materializó. Desde hace tres años, la gestión de la herramienta está a cargo de la dirección de tecnologías de la información del Inai, aunque el hospedaje de los registros ocurre en 14 servidores físicos, que contienen 69 servidores virtuales y una base de datos Oracle, así como un catálogo único.
La PNT funcionó una década, sin actualizar su marco normativo. Apenas hace cuatro meses, en el seno del Sistema Nacional de Transparencia, hubo una deliberación sobre una propuesta de nuevos lineamientos en la que también se diseñó una tímida resistencia, ante el riesgo de que —por la reforma constitucional— recayera en el Ejecutivo federal.
No obstante, un grupo minoritario de institutos estatales se manifestó a favor de generar convenios de colaboración y desarrollar plataformas locales, “para no depender de una tecnología centralizada”.
La reingeniería de la PNT enfrentó entonces un escollo mayor: el rechazo casi absoluto a una nueva funcionalidad, que facultaba a un mismo usuario hacer solicitudes ilimitadas a los sujetos obligados.
Efectos secundarios
INSEGUIDADES. Acaba de celebrarse el Día Internacional de la Seguridad Informática y trascendió que tan sólo en el primer semestre de 2024, México registró 31,000 millones de intentos de ciberataques, 55% de las amenazas cibernéticas en América Latina. Informes de consultoras globales estiman que las pérdidas en nuestro país por fraudes cibernéticos ascenderían a 15,000 millones de pesos anualmente.
LEGITIMACIÓN. Más de 80 jueces y magistrados adscritos al Poder Judicial de la Federación habían confirmado su asistencia a un diálogo con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien en la víspera aseguró que este tipo de acercamientos son necesarios para fortalecer la democracia y garantizar que las reformas sean resultado de un amplio consenso.
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