La instrucción presidencial había sido irrebatible: había que desmontar los esquemas de contrataciones ilegales en dependencias públicas, más allá de la casuística mediática derivada de la llamada Estafa Maestra o el caso Odebrecht
Por la cuantía —casi 2,500 millones de dólares— pero sobre todo por los presuntos implicados en la trama de corrupción que se extiende a dos administraciones federales, la sentencia dictada en una corte de Miami-Dade contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, puso punto final a una historia iniciada en los primeros meses del sexenio lopezobradorista.
La instrucción presidencial había sido irrebatible: había que desmontar los esquemas de contrataciones ilegales en dependencias públicas, más allá de la casuística mediática derivada de la llamada Estafa Maestra o el caso Odebrecht.
La búsqueda de indicios sobre extraños contratos otorgados por las dependencias de seguridad, durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, inició a principios de 2019, con el arribo de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera; la indagatoria derivó en una primera demanda civil en septiembre del 2021, ante la Corte del estado de Florida, en la que se reclamaban apenas 250 millones de dólares.
En México, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada emprendió acciones contra de 61 personas presuntamente responsables de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La tarea se continuó en la UIF bajo el mando de Pablo Gómez y la cifra en la demanda se llevó hasta los 750 millones de dólares, mismos que prácticamente se triplicaron por la normatividad de Estados Unidos de restituir hasta tres veces lo reclamado; la contabilidad de los daños al erario se llevó hasta los últimos días de la última administración priísta, en el mes de noviembre de 2018.
En esas revisiones se encontró una compra —en el último tramo del sexenio peñista— de equipo de espionaje de comunicaciones para las ya desaparecidas Policía Federal y la Procuraduría General de la República; en específico, por 87 millones de pesos la primera adquirió un sistema de colección y software de análisis, mientras que la segunda adjudicó 67 millones de pesos por un sistema de inteligencia táctica activa G12-S.
La información de los mencionados softwares de inteligencia e intervención de comunicaciones, identificados como “Sistema Receptor de Radio Frecuencia con accesorios de funcionamiento”, indica que estos fueron importados al país a través de las empresas UTX Technologies LTD, constituida en Chipre, y Verint Systems LTD, originaria de Israel. El vendedor en México fue el grupo empresarial PQ Servicios e Infraestructura SA de CV.
El equipo de espionaje debe ser parte del material que heredó la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República; de hecho, el proveedor todavía brinda servicios a la Guardia Nacional y a la Defensa. Si está en funcionamiento o no, todavía no se sabe con certeza; en cualquier caso, es para preocuparse. Y en el papel, todavía quedan muchas preguntas que responder, como el uso que se dio al equipo y servicios que se adjudicaron a las empresas cercanas al alguna vez denominado “súper policía”.
Efectos secundarios
PREVISIONES. El consenso entre los demóscopos y los expertos en movilización electoral supera las expectativas iniciales: más del 20% de los electores registrados en el listado nominal acudirían a emitir su sufragio, el próximo domingo 1 de junio. Las campañas de los aspirantes no han sido exitosas; tampoco, la promoción de las autoridades electorales. ¿Y entonces? La multiplicación de las estructuras es lo único que explicaría esa concurrencia a las urnas.
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