Después del Inai

La nueva estructura burocrática para garantizar el acceso a la información gubernamental y la protección de los datos de los ciudadanos está en ciernes y simultáneamente está en extinción la pléyades de organismos autónomos que a lo largo de dos décadas tuvieron a su cargo velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia.

En medio están tres consejos ciudadanos que deberán coadyuvar con el nuevo andamiaje institucional. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Nacional Anticorrupción tiene cinco integrantes y junto con el secretario ejecutivo deben dar seguimiento a las deliberaciones del órgano de gobierno, que encabeza la secretaria Raquel Buenrostro. Por disposición legal, ese trabajo es honorífico, pero perciben sueldos de 85,000 pesos mensuales, libres de impuestos, y su presidenta, Vania Pérez, ha requerido un espacio de trabajo en la sede de la nueva SABG.

El IFT, cuyo pleno quedó incompleto durante un sexenio, tiene un consejo consultivo con 15 integrantes. La última sesión, en marzo pasado, tuvo que ser suspendida al no alcanzar el mínimo indispensable para el quórum legal. Anteriormente, propusieron reservar recursos del organismo en vías de extinción, para la elaboración e Impresion de sus memorias de gestión (sic).

Paradojas de las disputas entre los transparetologos: un posible caso de éxito es el extinto consejo del Inai, siempre llevó buenas recomendaciones, fue un contrapeso de los comisionados, construyó el servicio profesional y fue muy activo en la interposición de amparos para el nombramiento de los comisionados faltantes.

En vísperas de la extinción del Instituto, tienen una última tarea por cumplir: garantizar que los trabajadores que no fueron invitados para las nuevas instancias, reciban su finiquito sin más dilaciones.

Dentro de dos semanas deberá arrancar Transparencia para el Pueblo, con apenas 40% del personal que estuvo en el Inai. El pasivo laboral está insoluto y los exempleados del órgano garante han amagado con nuevas movilizaciones si no reciben sus liquidaciones.

En la vieja nominal del órgano autónomo solo quedan los cuatro comisionados y otros 11 mandos superiores, quienes forman parte del “comité de transición”. Aparte, los ocho funcionarios protegidos por la justicia federal tras de haber impugnado la reducción de sus salarios por la Ley de Austeridad Republicana.

El subsecretario, Alejandro Encinas, ha quedado a cargo del proceso. Los lineamientos para la liquidación del Inai, pendientes, y el cierre contable, inexorable. Las cuentas bancarias deben estar cerradas antes del 15 de abril.

Efectos secundarios

MACHUCHONES. “Son temas privados”, cortó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, cuando le preguntaron sobre el origen de los recursos empleados para sufragar la primera comunión de sus hijos, en una de las hacienda de Pedro Haces. Ese evento y la fiesta que reunió a los calderonistas en Campeche, hace dos semanas, detonaron mucha conversación en las redes sociales. ¿Cuál es el límite entre la vida privada de un político y la pública? ¿Hasta dónde una influye a la otra? ¿Hasta dónde la explica? Estas preguntas son parte de un debate histórico entre periodistas y analistas y que recientemente tuvo una nítida manifestación tras del reclamo de Luis Felipe Calderón Zavala al presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, motivado por las agresiones tuiteras del legislador morenista al exmandatario y expanista. Ese exabrupto restó atención a la fiesta ofrecida por la familia Mouriño Atanes a Ernesto Cordero y Jimena Ugarte, que entre sus principales convidados tuvo al exsenador Jorge Luis Lavalle Maury, Pachita; al excandidato presidencial José Antonio Meade y a los exsecretarios Alejandro Poiré y José Antonio González Anaya. Ese mismo fin de semana, sin atraer los reflectores, Santiago Taboada excandidato aliancista en la CDMX y exalcalde de Benito Juárez, tuvo un magno evento.