Después de la “Estafa Maestra”

Al margen de la “Estafa Maestra” y del caso Odebrecht, la Secretaría de la Función Pública ha resuelto los expedientes de tres mandos medios y superiores de la anterior administración federal, a los que ha sancionado por haber incurrido en conflicto de interés, negligencia y abuso en el manejo de los recursos públicos.

Las indagatorias han avanzado, no obstante que la reducción de plazas y los cambios internos afectaron a la ahora extinta subsecretaría de responsabilidades y combate a la impunidad, por la que pasaron Tania de la Paz Pérez Farca y Luis Gutiérrez Reyes, ambos cercanísimos a la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval.

Roberto Salcedo Aquino tomó las riendas de esa área, hace un mes. Y desde entonces ha concluido los procedimientos de responsabilidad administrativa por los que inhabilitaron al extitular de la CRE, Guillermo García Alcocer, y a la exsecretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda.

La sanción al exdirector de comunicación social del Instituto Fonacot, Dante Pinal Ibarra, fue decretada 48 horas antes de que se cumplieran cuatro años de la adjudicación directa del contrato a Lira Servicios. Un servicio integral que incluía un manual para desarrollar un canal de difusión, un estudio sobre las redes sociales más convenientes para el Instituto y la capacitación del personal de las áreas de Comunicación Institucional y Mercadotecnia que se encargaría de posicionar al Instituto en el mundo digital.

En el oficio de justificación remitido al Consejo de Administración, Pinal Ibarra apeló a la necesidad del Infonacot de colocar créditos entre los usuarios de las redes sociales, los blogs y los micrositios más frecuentados por los cibernautas.

“Se considera que a través de los medios con los que cuenta el Instituto se puede (sic) desarrollar las herramientas necesarias para que sea el propio Instituto el que haga la difusión de la información en las redes sociales”. Y es que contratar a empresas privadas para producir, generar contenidos, administrar la RRSS y pautar una campaña digital costaría —de acuerdo con las tarifas de mercado entonces vigentes— 8 millones de pesos anuales; el cumplimiento de la meta requería al menos cinco años.

Era eso o contratar una empresa que acompañara al personal del Instituto en el desarrollo interno de un canal de difusión e información para Internet y redes sociales, que además sirviera para captar más clientes. Por dos años de servicio habrían de erogarse 33.1 millones de pesos, IVA incluido.

Los servicios comenzarían a prestarse el 30 de marzo del 2017 y Pinal Ibarra remitió un escrito al Consejo Directivo del Instituto para suscribir el contrato, asignado directamente a Lira Center. Para entonces, la entidad requirente ya contaba con la autorización plurianual SGA-329, del 28 de octubre, y sólo esperaba la dictaminación favorable del Comité de Adquisiciones.

Pero los plazos y las entregas de los productos, además de la selección de la empresa contratada —con domicilio en Tultitlán, Estado de México y la representación legal de Ricardo Bustos Estrada— fueron observados por una auditoría interna, presentada en la sesión XXIV del Consejo Directivo.

Una búsqueda entre los proveedores registrados en Compranet determinó cuatro probables prestadores del servicio requerido. Lumi International, Sunlutions y Oceanic fueron descartados pues ninguno ofrecía elaborar el manual correspondiente en menos de 30 días. Lira Center, por el contrario, ya había registrado la obra “La mercadotecnia por internet para instituciones públicas” ante el Registro Público del Derecho de Autor, según consta en un certificado con fecha del 23 de noviembre del 2017.

El contrato especificaba que una vez entregado el libro, así como la cesión de derechos, el Infonacot erogaría 12.6 millones de pesos, y otros 6.2 millones a la entrega del diagnóstico y las recomendaciones.

El resto correspondía al despliegue de un supervisor y un equipo implant que acompañaría a los empleados del Instituto hasta la consolidación del nuevo servicio.

En las indagatorias, originadas por una queja interpuesta por la exdirectora de Comunicación Institucional contra su antecesor, el OIC del Infonacot contactó a una de las autoras de la obra original, que Enrique Pimentel Barragán habría usado en su texto, sin darle crédito. La reacción de Ana Nieto Churruca cuando se enteró del asunto fue colérica, dicen funcionarios del Instituto.

“El prestador del servicio se obligará con el Instituto a responder personal e ilimitadamente de violaciones, daños y/o perjuicios que pudieran causar al Instituto o a terceros, si con motivos de la prestación del servicio contratado viola los derechos de autor, patentes y/o marcas registradas de terceros u otro derecho intelectual reservado”, había anticipado Pinal Ibarra en la justificación que remitió al Consejo Directivo.

La Función Pública informó el pasado viernes 20 que impuso una multa resarcitoria de 34 millones de pesos y la inhabilitación, por 10 años. Pinal Ibarra se queja de que en el desahogo de las indagatorias, el OIC no admitió las periciales y los testigos de descargo. Ahora acudirá al Tribunal Fiscal para impugnar la sanción, mientras de la directiva del Infonacot no descarta presentar una denuncia penal. La sanción al exvocero del Instituto coincide con la reactivación de las denuncias contra el actual director general, Alberto Ortiz Bolaños, por la imposición del Programa de Protección de Pagos y la cancelación de los contratos con las aseguradoras.

Efectos secundarios

OLVIDADOS. La efeméride revolucionaria fue el espacio idóneo para el relanzamiento de Regeneración, el órgano de divulgación ideológica de Morena fundado hace cinco años por el actual vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas. La segunda era del impreso está apadrinada por el nuevo dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, y será coordinada por el director del Instituto de Formación de Morena, Rafael Barajas.

Atrás quedan los cuestionamientos sobre los pagos por impresión realizados a una empresa fantasma, expuestos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y una disputa soterrada por el uso del nombre del mítico periódico anarquista fundado en 1901 por los hermanos Flores Magón, pues en el Indautor y en la Comisión Calificadora, que depende de Gobernación, tienen otros datos sobre el titular del registro de esa publicación periódica.

EXPECTATIVAS. Han pasado tres días de la conclusión del periodo de Mario Alberto Rodríguez Casas como director del Instituto Politécnico Nacional. Su ratificación está en duda pues su nombre no figura en la terna propuesta por el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, al Ejecutivo federal.

Está por verse si la postura de los subsecretarios Juan Pablo Arroyo y Luciano Concheiro es tomada en cuenta y si en Palacio Nacional consideran nombrar a una mujer. La incertidumbre pronto habrá de disiparse. Entre la comunidad politécnica, Octavio Paredes y Primo Alberto Calva concitaban casi todas las opiniones, a favor y en contra, por lo que no se descartaría una tercera vía.

@aguirre_alberto