Debe quedar claro que no es la discrecionalidad del gobernante lo que genera certeza, sino las reglas claras y, sobre todo, un sistema judicial que las haga valer
El mundo cambia a paso vertiginoso. Para México, el entorno internacional es un permanente desafío por la vecindad con el país más poderoso del mundo y las diferencias sociales, culturales y políticas existentes entre nuestros países, a pesar de que ambos son Estados federales y regímenes presidenciales. La desigualdad está prácticamente en todo, lo que debe reconocerse para ser eficaz.
Una lección del pasado y que tuvo continuidad en este gobierno es el cuidado de la estabilidad macroeconómica. El TLC y el T-MEC, que habrá de revisarse próximamente, cambiaron a la economía mexicana para bien. Sin embargo, las transformaciones que promueve el presidente López Obrador van a contrapelo de los acuerdos y de los supuestos necesarios para la inversión privada. Eliminar los órganos autónomos que aseguran competencia justa, transparencia y rendición de cuentas, o politizar a la Suprema Corte y al conjunto del Poder Judicial, conspira contra la modernización del país en todos los ámbitos.
La detención/entrega de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López en EU, prominentes figuras del cártel de Sinaloa al que se le acredita el tráfico de fentanilo, representa un giro trascendente en la relación bilateral y de colaboración en un tema central para la Casa Blanca. Será el reto del nuevo gobierno. Lo deberá enfrentar con realismo, firmeza y claridad.
De la misma manera es la postura del país respecto a la invasión rusa de Ucrania y, recientemente, las elecciones en Venezuela. México debe acreditar su compromiso con las libertades y la democracia. Es indispensable revisar con claridad el escenario y la posición de México y así hacer valer los principios y valores de la política exterior, los que obligan, para el caso de Venezuela, rechazar a Maduro y exigir el respeto riguroso al voto popular.
La situación económica del país es más frágil ahora que hace seis años. El país requiere un desarrollo sostenido. No son los recursos públicos, sino las decisiones de gobierno y legislativas, las que habrán de crear las condiciones que propicien la inversión y el crecimiento. Debe quedar claro que no es la discrecionalidad del gobernante lo que genera certeza, sino las reglas claras y, sobre todo, un sistema judicial que las haga valer.
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