Como pocas veces en la historia política de México, quizá ninguna, la sociedad civil organizada está mandando por encima de los partidos. El tema: la discusión de las nuevas leyes que buscan frenar la corrupción y obligar a los servidores públicos a rendir cuentas. A diferencia del arranque del sexenio, cuando los arreglos cupulares en … Continued
Como pocas veces en la historia política de México, quizá ninguna, la sociedad civil organizada está mandando por encima de los partidos. El tema: la discusión de las nuevas leyes que buscan frenar la corrupción y obligar a los servidores públicos a rendir cuentas.
A diferencia del arranque del sexenio, cuando los arreglos cupulares en el seno del Pacto por México marcaron la agenda de las reformas, ahora son las organizaciones civiles —Transparencia Mexicana, México Evalúa, Imco y varias más— las que están definiendo los alcances de la legislación anticorrupción. Y serán ellas mismas las que inclinarán la balanza legislativa hacia las pretensiones del PRI o de la alianza PAN-PRD.
El PRI ofrece avances parciales. Le preocupan, en especial, las denuncias anónimas con recompensas, las escuchas telefónicas sin orden judicial y la publicación de las declaraciones de los servidores públicos y sus familiares hasta en cuarto grado. La dirigencia del PAN y todo el PRD no quieren ceder en ningún punto.
El contexto es clave, pues la corrupción es tema central de las campañas políticas. Si nada se aprueba, el costo para el gobierno y su partido sería enorme. Al PAN y al PRD les conviene llevar sus posiciones hasta el extremo de hacerlas inaceptables para el PRI y así cargarle el costo político de frenar el combate a la corrupción.
Lo atractivo de esta discusión es que, de manera inusual, el peso moral de la sociedad organizada es el que reina en las negociaciones. Sin su aval, ninguna versión aprobada de las leyes anticorrupción significaría un paso adelante.
Al PRI le beneficia la división en el PAN, pues algunos de sus senadores ya gravitan hacia su posición. Pero lo esencial para el PRI es acercar su postura hasta donde sea aceptable para la mayoría de las ONG. Estas organizaciones saben que habría avances con una nueva legislación que considere los puntos medulares de sus propuestas, aunque no satisfaga las exigencias más extremas del PAN y del PRD.
Las ONG tienen un dilema: ir por todo o aceptar avances significativos pero parciales. La decisión se complica porque entre ellas hay sanas diferencias sobre lo que es aceptable.
En cualquier caso, serán las ONG las que determinarán al vencedor de este duelo partidista y al responsable de enfrentar los costos políticos en plena temporada de campañas.
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