Hay decenas de situaciones cotidianas en el país que explican la necesidad de ampliar la participación de particulares en la explotación, distribución, creación y mantenimiento de la infraestructura relacionada con el agua, bajo la rectoría y gestión gubernamental.

Es un asunto de captar recursos financieros para realizar inversiones cuantiosas, destinadas a realizar las obras necesarias que garanticen el suministro del agua con suficiencia y, en especial, con calidad desde el punto de vista higiénico. Más aún, que permita avanzar en la terrible disparidad del desperdicio excesivo –sobre todo en zonas agrícolas- y la escasez para el consumo humano.

En todo caso, el tema no sería si deben o no participar los particulares en las distintas modalidades, sino de fortalecer los mecanismos de transparencia sobre su participación y sobre los mecanismos de asignación y gestión de las concesiones.

Decir que se privatiza el agua es un exceso. Ya forma parte de una añeja discusión. El problema es cómo se lleva el agua a las comunidades y a la industria, con los gastos que ello representa y, en especial, cómo garantizar la continuidad del suministro con eficiencia. 

En Zacatecas, por ejemplo, se ha venido aplicando un  programa con participación estatal y federal para la reposición de bombas en áreas agrícolas. En un estado donde la escasez de agua es un hecho, las bombas que utilizan miles de agricultores han llegado al tope de su vida útil, lo que genera grandes desperdicios ya que se extrae más agua de la necesaria.

Reponer las miles de bombas requiere inversión. Pero ni los recursos del gobierno estatal ni los federales son suficientes. Y pedir que los agricultores los renueven es prácticamente imposible porque la inmensa mayoría carece de los recursos y baja capacidad de obtener financiamiento porque muchos se encuentran en cartera vencida.

La alternativa explorada es que las empresas productoras y comercializadoras de equipos de bombeo y sus accesorios no sólo den rebajas sino financiamiento. Pero los particulares ven con resistencia esa opción al no contar con garantías suficientes para el retorno de la inversión.

El resultado es lento avance del programa y, por ende, continua el desperdicio sin que además se recupere el costo del agua.

En la región de la Laguna, en los estados de Coahuila y Durango, cada vez es más necesaria la exploración y explotación de pozos a gran profundidad para hacer frente a la escasez de agua para consumo humano y un intensivo uso para fines industriales y agrícolas. El tema aquí no sólo es de garantizar el suministro –incluso llevando agua desde otras regiones, lo que implica elevadas inversiones- sino que sea de calidad ya que una problemática de salud pública es que a mayor búsqueda de pozos profundos, el riesgo es que esa agua esté contaminada con arsénico.

La ciudad de México misma tiene un doble problema: por un lado escasez en varias zonas y, por otro, gran desperdicio por fugas derivadas de una infraestructura que ha ido envejeciendo sin que las inversiones públicas crezcan o se enfoquen a resolver de fondo esa situación.

Expertos en materia hídrica han señalado que la grave escasez de agua en Iztapalapa, por ejemplo, se resolvería en mucho si se atacaran los desperdicios que se generan por las fugas que, vale la pena mencionarlo, también ocasionan que la presión por bombeo sea ineficiente, especialmente en los momentos de estiaje.

El Área metropolitana de Guadalajara enfrenta hoy mismo una de las situaciones más delicadas en materia de suministro de agua que se pretende subsanar con la creación de una presa en la región de Los Altos, en la que hay participación privada basada en concesiones a largo plazo que permitan la recuperación de las inversiones. Sin esa obra, la capital jalisciense tendrá consecuencias severas en los próximos lustros, no sólo en cuanto a disponibilidad del agua sino afectación al ecosistema porque va de por medio el equilibrio del Lago de Chapala.

Es obra está detenida en su potencial de suministro por rechazo de algunos miembros de la comunidad donde se construye la presa, que son apoyados por organizaciones no gubernamentales y líderes de opinión locales, y en que el estigma de la participación de los particulares también ha sido frecuente.

La inversión privada para la creación de infraestructura que sirva para la explotación y distribución del agua, y sus modalidades de cobro, está ya prevista en los ordenamientos legales tanto constitucional como reglamentario. Ha servido para atenuar los desequilibrios en materia hídrica.

Donde es pertinente poner el dedo en la llaga, en todo caso, es en la transparencia sobre la administración del agua en los organismos operadores. Se ha visto por años que, bajo el control de los gobiernos municipales, esos organismos han servido para el enriquecimiento de funcionarios y el dispendio.

Hay muchos ejemplos, pero los organismos operadores del agua en manos públicas han sido claves para colocar a familiares y amigos, porque ahí existe gran disponibilidad de recursos económicos en efectivo y en gran flujo, máxime si el  agua es cobrada a los usuarios pero no pagada a los estados y la Federación.

Puede existir la disyuntiva acerca de quién es mejor operador: si un organismo público o una entidad privada. Y quién vería mejor por el interés público. Y eso nos remite al tema de estos días: se deben sentar las bases legales y los mecanismos procedimentales que apuntalen a la transparencia.

Lo que no se puede detener, y menos con la mano del muerto de la privatización, es la urgente necesidad de atacar las disparidades y desequilibrios relacionados con verdaderamente garantizar el derecho humano al agua.

PostScriptum.- Entre que hace algún tiempo Vicente Fox dijo que estaría listo para producir mariguana y en estos días que considera se debe promover el diálogo con los delincuentes organizados, lo único que abriría sospecha es que él nunca quiso combatir el narcotráfico porque entonces andaría en esos juegos del diálogo y el acuerdo con los señores de la droga.