A fines de enero publiqué en esta columna algunas cuentas rancheras sobre el costo oculto, ilegal, de las elecciones mexicanas: el mercado negro electoral. Según esas cuentas, recogidas en distintas sobremesas, de conocedores, para competir por una diputación federal el aspirante debía llevar en la bolsa 10 millones de pesos adicionales al financiamiento público. Para … Continued
A fines de enero publiqué en esta columna algunas cuentas rancheras sobre el costo oculto, ilegal, de las elecciones mexicanas: el mercado negro electoral.
Según esas cuentas, recogidas en distintas sobremesas, de conocedores, para competir por una diputación federal el aspirante debía llevar en la bolsa 10 millones de pesos adicionales al financiamiento público. Para optar por la presidencia municipal de Cancún hacían falta 100 millones adicionales y 700 para optar por la gubernatura de Nuevo León (“Precios ocultos de la democracia mexicana”, MILENIO, 30/1/15).
En la columna del día siguiente referí las cifras de dinero ilegal electoral que con mayor rigor había investigado Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE.
Según Ugalde el tope autorizado para una campaña de diputado en 2015 fue de 1.2 millones de pesos, pero su costo real podía ser hasta de 12 millones. El tope autorizado mínimo para una campaña de senador era de 2.2 millones, pero su costo real podía llegar a los 20. El tope mayor autorizado para una campaña a gobernador era de 203 millones (Estado de México, en 2011), pero el costo real de una campaña de gobernador oscila en la realidad entre 400 y 700 millones.
Sobrepasar los topes de campaña autorizada es una de las causas de nulidad establecida por la ley electoral vigente.
Creo que una auditoría seria de cualquiera de las campañas de partidos grandes de las pasadas elecciones probaría que no hay candidato ni partidos inocentes en la materia, que todos metieron a la contienda más dinero del permitido.
Es decir, que todos violaron la ley a sabiendas, escudados en la invencible complicidad de ser todos culpables. Como tendrían que castigar a todos por este delito, acabarán no castigando a nadie, o solo a los más burdos, a favor de los más listos al impugnar.
Si queremos dar a las elecciones algo del valor de moral pública que les es consustancial, y no solo su valor pragmático de elegir, tendríamos que revisar las reglas que han permitido que se instalara a sus anchas, en todos los partidos y a la vista de todas las instituciones, este cinismo monetario electoral.
Minuto a minuto
