El Inegi es una institución que merece amplio reconocimiento, por muchas cosas. Su medición de los costos de la inseguridad no es una de ellas. Dice que la inseguridad cuesta 1.25% del PIB, aproximadamente 237,000 millones de pesos. El número parece enorme, pero por desgracia es pequeño, comparado con la realidad. La cifra del Inegi … Continued
El Inegi es una institución que merece amplio reconocimiento, por muchas cosas. Su medición de los costos de la inseguridad no es una de ellas. Dice que la inseguridad cuesta 1.25% del PIB, aproximadamente 237,000 millones de pesos. El número parece enorme, pero por desgracia es pequeño, comparado con la realidad.
La cifra del Inegi es absurda, entre otras cosas porque deja fuera muchos de los costos. No considera, por ejemplo, los recursos públicos asignados al combate de la inseguridad. Éstos son más de 3% del PIB e incluyen los recursos asignados a diversas dependencias para enfrentar la delincuencia: Secretaría de Gobernación; PGR; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina, así como los subsidios y transferencias a estados y municipios.
El ejercicio del Inegi distorsiona el valor real de los costos “indirectos”, relacionados con el cambio de hábitos. Más de 20% de los negocios redujo sus horarios, de acuerdo con la encuesta del Inegi. Alrededor de 19% canceló planes de inversión y 9% dejó de hacer negocios con otros establecimientos. Esto significa pérdidas en productividad, inversión y creación de empleo. Tampoco pone valor a los costos de atención médica y psicológica, ni define el precio de los años de vida perdida para el caso de los homicidios. Éstos son 1.3% del PIB, de acuerdo con un estudio coordinado en el 2014 por María Eugenia Suárez, del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
Dos tercios del PIB están relacionados con el consumo. El cambio de costumbres por la violencia tiene un impacto significativo en la actividad económica: hay ciudades donde la gente no sale de noche o pasa más tiempo en casa. Esto golpea a restaurantes, bares y todos aquellos negocios que no se encuentran en un perímetro “seguro”. Hay también una “desviación” del consumo. La gente hace un gasto extraordinario para comprar candados y poner rejas en sus casas. Esa desviación es también un costo asociado a la inseguridad.
¿Cuánto vale la reducción del consumo y la inversión? La suma es complicada, porque estamos hablando de cantidades hipotéticas y de factores psicológicos o sociológicos imposibles de pesar. ¿Cuánto cuesta el crecimiento del miedo o la pérdida de confianza? El señor Pérez hubiera invertido 1 millón en ampliar su tienda; la familia Gutiérrez dejó de gastar 2,000 pesos mensuales en restaurantes; el dueño de la ferretería El Tornillo canceló una venta de medio millón porque desconfió del comprador.
Hablando de desconfianza, las cifras del Inegi no abonan en la construcción de confianza. El costo de la inseguridad no puede ser 1.25% del PIB, que alega el organismo encargado de producir las estadísticas oficiales. ¿Cómo puede ser eso, si el gasto público en el combate es más de dos veces mayor?
El sector privado ha hecho un llamado a replantear la estrategia nacional de seguridad. Propone reponer la Secretaría de Seguridad Pública y aprobar las leyes que hagan posible un mando mixto de la policía. Los empresarios no mencionaron la urgencia de construir un sistema creíble de contabilidad y estadísticas sobre el costo de la violencia. Esto implica saber más acerca de la productividad de cada peso gastado en el combate y una valoración más precisa del esfuerzo que hacen las empresas y los hogares. Decir que es 1.25% del PIB sirve para minimizar el problema. Es peligroso porque minusvalora el tamaño del esfuerzo por hacer.
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