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Ayer fue sepultada la bien llamada (se reformó la Constitución) reforma educativa que se aprobó en el sexenio pasado, cumpliéndose así el compromiso de Andrés Manuel López Obrador desde años antes de su elección como Presidente.

Saboteada y torpedeada por las facciones menos presentables y peor capacitadas del magisterio que regentea la mal llamada, aquí sí, Cordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (que domina Oaxaca y secciones afines en Chiapas, Guerrero y Michoacán), la hoy occisa tuvo como propósito elevar la calidad de la enseñanza básica, en tanto que la “cuarta transformación” tiene sobre todo el objetivo de apapachar al gremio docente, pero no acatar el mandato: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, plasmado en la Constitución.

AMLO enfatizó en las exequias: “Compromiso cumplido, maestras y maestros de México…”.

El Presidente cree de veras que tenía el propósito de correr a probables malos profesores (ínfima minoría entre un millón 200 mil), luego de que los profes en Oaxaca la señalaran como “punitiva” y “laboral”.

Lo cierto, sin embargo, es que obligaba a tres evaluaciones con oportunidad de reprobar las dos primeras y continuar mal instruyendo como si nada, que la tercera era la vencida… pero no con miras a correr a nadie sino para que a los casos perdidos se les acomodara en donde fuera, menos en un salón de clases.

En la entidad que domina con más de 70 mil agremiados, la CNTE mantiene a sus educandos en el más bajo nivel de aprovechamiento escolar del país, y sus recurrentes y chantajistas movilizaciones reducen el calendario escolar a menos de 200 días al año, dejando en el abandono, cada que quiere, a poco más de un millón 300 mil niñas y niños.

Por muchos errores de implementación que la reforma cancelada tuviera, una de sus cualidades fue asegurar que los alumnos de educación básica no quedaran expuestos a profesores y profesoras mal preparados.

En la misma tumba de la reforma yacerá el cadáver del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (organismo autónomo que, por cierto, no se ocupaba de examinar al magisterio sino de medir la preparación del alumnado). Su presidenta, Teresa Bracho, equipara esta decisión (800 trabajadores a la calle) con el abominable retorno de la “organización” de las elecciones a la Secretaría de Gobernación. En su opinión, se trata de un atentado del nuevo gobierno contra el sistema de pesos y contrapesos de la democracia.

Que “ni una coma” de la derogada iba a quedar, pronosticó el coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, y no se equivocó (fue una metáfora obvia). Pero lo que venga en materia de enseñanza básica pública, laica y gratuita, con o sin comas, se anticipa como un mazacote plagado de improvisaciones y signos de interrogación.