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La Cuarta Transformación acaba de perder una de sus más abrasadoras causas: el financiamiento otorgados por distintas agencias estadounidenses a proyectos para promover la democracia y los derechos humanos en México que —a su juicio— trataron de intervenir en la política interior.

Las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump obligan a reevaluar y realinear la ayuda exterior de Estados Unidos en todo el mundo. Marco Rubio, nuevo secretario de Estado, apenas si asumió el cargo y ordenó poner pausa a la totalidad de la asistencia exterior estadounidense financiada por el DoE y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), o a través de estos.

El presidente Trump indicó claramente que Estados Unidos ya no va a repartir dinero a ciegas sin una contrapartida para el pueblo estadounidense. Revisar y realinear la asistencia exterior en nombre de los contribuyentes que trabajan arduamente no solo es lo correcto, sino que es un imperativo moral.

Entre las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump en la Casa Blanca hay dos que directamente afectan a las ONG’s que trabajan la agenda migrante, pero también a organizaciones ciudadanas e instancias gubernamentales dedicadas a la promoción de la libertad de expresión, la libertad sindical e incluso, la implementación de la reforma judicial.

Una, titulada “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión” está dirigida al fiscal General y al secretario de Seguridad Nacional para que revisen todos los “contratos, subvenciones u otros acuerdos financiación federal a organizaciones no gubernamentales que apoyen o presten servicios” a inmigrantes sin estatus legal, y que suspendan la entrega de fondos hasta que concluya la revisión.

Otra es la denominada “Reevaluación y realineación de la ayuda exterior de Estados Unidos”, suspende durante 90 días todas las subvenciones de fondos de ayuda al desarrollo países extranjeros y ONG’s. “La asistencia financiera debe dedicarse a promover las prioridades de la Administración”, subraya el memorándum emitido el pasado lunes 27 por la Oficina de Gestión y Presupuesto, con la firma de Matthew J. Vaeth, director en funciones, quien ordenó detener todo el gasto de ayuda federal, excepto para Medicare y la Seguridad Social.

“El uso de recursos federales para promover la equidad marxista, la transexualidad y las políticas de ingeniería social de nuevo y las políticas de ingeniería social del new deal verde es un despilfarro del dinero de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de las personas a las que servimos”, definió.

La suspensión de la financiación aplicaría a partir de las 17:00 horas de este miércoles 28, pero tras las demandas interpuestas por distintas organizaciones ciudadanas, la magistrada congeló las disposiciones del ejecutivo estadounidense… hasta el próximo 3 de febrero.

Efectos secundarios

ESTRATÉGICA. Más de 6,000 millones de pesos serán destinados a la reconstrucción de Acapulco pero sin la reapertura del Viaducto Diamante —tramo carretero estratégica para la movilidad y el turismo que tiene dos años abandonado— esta titánica tarea se antoja imposible. Expropiada al inicio del sexenio de Evelyn Salgado, ese tramo carretero está colapsado, con reparaciones provisionales que no garantizan la seguridad de los usuarios. Peor aún, la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) no ha atendido el ofrecimiento de Fibra Orión, la concesionaria original encabezada por Rodolfo Campos, para ejecutar una rehabilitación integral. La falta de voluntad política y administrativa es evidente, mientras los usuarios enfrentan riesgos crecientes ante la llegada de la próxima temporada de lluvias.