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Y todo ocurrió, o se dijo, o se supo ayer. Tres estampas de la segunda década del siglo XXI mexicano.

Una. El gobierno del presidente Peña Nieto ha hecho lo imposible para que Elba Esther Gordillo no obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria que, de acuerdo con nuestras leyes, un preso debería alcanzar sólo por cumplir 70 años. O dicho beneficio es una más de las falacias de nuestro sistema legal, o el gobierno ha apretado como una tiranía para refundir a la maestra. Ayer, Elba Esther fue trasladada a un hospital privado donde le harán una cirugía. Estará ahí unas semanas. Sus abogados podrían conseguir en ese lapso amparos para prolongar la estancia. La maestra quedaría entre la cárcel y su casa, en el limbo de un hospital privado. Crecería la sospecha de que el gobierno pactó con ella. Qué necesidad había. Bastaba aplicar la ley, decirle que, presa, se fuera a casa a celebrar el cumpleaños 71. Václav Havel piensa que al tratar de paralizar la vida, las autoridades se paralizan a sí mismas y, a la larga, se incapacitan para seguir paralizando la vida. ¿Vale tanto Elba Esther como para castigar a todos los presos viejos?

Dos. Ayer se conoció que Celina Oceguera y Valentín Cárdenas se quedaron sin abogados particulares. Cuando se fugó El Chapo el 11 de julio, ella era coordinadora de las cárceles federales y él director del penal del Altiplano. Los familiares de Celina hipotecaron una propiedad para pagar la defensa. Los de Valentín ya no pudieron cubrir los viáticos. Y era imposible trabajar en la cárcel de Nayarit cuando no alcanza para aviones, hoteles. Dependerán ahora de los abogados de oficio. ¿El dinero corruptor de El Chapo sirvió apenas para solventar un par de meses de honorarios? Hamlet clamaría que no tiene arte para medir los lamentos de Celina y Valentín.

Tres. Ignacio Mendoza, defensor de José Manuel Mireles, líder de las autodefensas michoacanas, preso desde hace 17 meses, me dijo ayer que si existe la racionalidad jurídica, entre el 24 de noviembre y el 9 de diciembre deberá agotarse el periodo de pruebas de cargo para que el juzgado resuelva en los tres días siguientes, por lo que, calcula, entre el 15 y el 18 de diciembre, el doctor Mireles estará en libertad. Calcula asimismo, que antes que él saldrán otros 200 autodefensas presos, a quienes, como a Mireles, sí se acusa de poseer y portar armas cuando se había agotado la temporada de tolerancia legal. Hay miles como ellos que aún hoy poseen y portan armas en Michoacán y luego se sientan a departir y pactar con las autoridades. ¿Por qué sólo a Mireles y los suyos la dura lex? ¿Por qué la sevicia? Incluso si salieran libres el 15 de diciembre, gobierno y jueces les habrían robado año y medio de vida. Robado. Y en este caso ni siquiera les pedirán perdón. Porque en este caso, el que pida perdón se declarará culpable.

MENOS DE 140. Qué vergüenza para el Cisen el documento en que la CNDH los desnuda por la forma en que persiguieron en Argentina a Carlos Ahumada.

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