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Existe una enorme tarea pendiente: la construcción 
de un sistema de seguridad y justicia.

Antes de Iguala, la violencia en México costaba entre 12 y 15 por ciento del PIB. ¿Cuánto más se incrementará ese costo luego de la crisis que ha desatado la desaparición de los 43 estudiantes?

El costo ya era grotescamente alto. Sea 12 o 15% por ciento del PIB, la cifra es mayor que los ingresos petroleros; superior que todas las exportaciones de la industria automotriz y equivalente a la suma del PIB de Nuevo León y Jalisco.

Iguala importa porque en ella toman cuerpo nuestros peores temores sobre la inseguridad. Más que el número de desaparecidos, impactan las circunstancias de la desaparición de los normalistas y el papel que han jugado los tres niveles de gobierno. El poder municipal estaba coludido con el crimen organizado; el gobierno estatal fue omiso antes de los hechos. Después, no ha dejado de hacer el ridículo. El gobierno federal no ha dado resultados ni respuestas. Al parecer, ni siquiera ha tomado una decisión respecto de cuánto se quiere involucrar en la crisis. Entre más se meta, mayor es el riesgo de que se le cargue una parte de los costos y el desgaste. Alguien arriba deshoja la margarita. Mientras tanto, el fantasma de la impunidad está entre nosotros. Son 26 días sin cerrar la herida.

Todo esto es tan terrible que resulta casi una frivolidad preocuparse en este momento por la percepción de los inversionistas extranjeros. Lo más importante es la consecuencia que estos hechos tienen para los mexicanos, ¿Será esto un parteaguas para nuestro sistema de seguridad y justicia o veremos la confirmación de nuestros peores temores?

La dimensión económica importa, pero está en un segundo orden de cosas. Además, si se trata de hacer cálculos económicos, más nos vale tomar en cuenta que México lleva mucho tiempo pagando un alto precio por la violencia y la inseguridad. Se lo dijo el secretario Luis Videgaray a Yolanda Morales de El Economista hace un poco menos de dos semanas, en Washington. Razón no le falta al alto funcionario. El BID calculaba en 12% del PIB en el año 2000. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado hizo otra estimación en el 2011: era 15% del PIB.

¿De dónde salen las cifras del costo de la violencia? María Eugenia Suárez y Rubén Guzmán, del Instituto para la Seguridad y la Democracia, INSYDE, hicieron un desglose que destaca por su calidad y capacidad de síntesis. Entre los costos directos se encuentran las pérdidas en salud y capital humano y las pérdidas presupuestales y materiales. Hay que sumar los gastos en atención médica y psicológica; los años perdidos de vida, cuando se trata de homicidio. Añadir los gastos en seguridad, en procuración de justicia y en seguridad privada de empresas y hogares. Los costos indirectos incluyen las pérdidas en productividad e inversión y las pérdidas en trabajo y consumo.

Cuando un municipio sufre un incremento de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, dicen Suárez y Guzmán, el precio de las viviendas cae 1.8% y se produce un incremento de 1.5 puntos porcentuales en la proporción de personas desocupadas y una disminución de 0.4 puntos porcentuales en las personas propietarias de negocio.

No es posible el bienestar sin Estado de Derecho. No ha concluido el ciclo de las reformas estructurales, porque hay una enorme tarea pendiente: la construcción de un sistema de seguridad y justicia donde la corrupción y el crimen encuentren castigo expedito y proporcional. ¿Quién le pone el cascabel al gato?