¿Contrarreforma laboral?


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Alberto AguirreSignos vitales

EFECTOS SECUNDARIOS

En la reanudación de sus recorridos por el país, AMLO dedicó la primera semana laboral del 2019 a recorrer los estados fronterizos con la Unión Americana. La activación de la Zona Libre fue el eje temático, aunque en sus reuniones con los sectores productivos de Tamaulipas, Chihuahua y Baja California estuvieron latentes los problemas provocados por los migrantes centroamericanos y la violencia derivada de la actividad de los grupos delictivos.

Las cortinas de desarrollo —prometió el Ejecutivo federal— detendrán la migración ilegal y bonanza económica. En la Zona Libre —estipula el decreto presidencial en el que estampó su firma el político tabasqueño, el último día del 2018— regirá un régimen fiscal de excepción durante los próximos dos años, con tasas de 8% para el IVA y de 20% para el ISR.

Menos impuestos al consumo y a los ingresos. Una tarifa preferencial para las gasolinas. Y una nueva política de salarios mínimos que fijó en 176.72 pesos diarios la cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo a partir del 1 de enero del 2019.

Esas medidas, empero, no traerán beneficios a todos. En Tijuana y Ciudad Juárez, representantes de organizaciones sindicales han comenzado a recibir quejas porque los patrones ofrecen el pago del nuevo salario mínimo a los empleados de nuevo ingreso, pero no ofrecen otras prestaciones garantizadas por la ley. “Los vales de despensa y el apoyo para el transporte ya van incluidos en la oferta salarial”, les dicen.

Peor, imposible: con ese nuevo salario mínimo, en esa franja fronteriza muchos trabajadores quedarán sujetos al pago de ISR y muchos otros percibirán menos ingresos que los jóvenes que podrán inscribirse en el programa Construyendo el Futuro.

En vez de entusiasmo, la política laboral de la nueva administración ha despertado desazón entre sus principales destinatarios. Los representantes de los trabajadores y patrones que han asumido sus cargos en las juntas locales de conciliación y arbitraje de una docena de entidades federativas saben que dichas instancias están condenadas a la extinción. En ciernes está un nuevo modelo de justicia laboral, con nuevos tribunales y órganos de mediación.

Ese proceso quedará acompasado con la implementación de la nueva reforma laboral, con la que se definirán nuevas reglas en tres aspectos fundamentales: justicia laboral, democracia sindical y la creación de un instituto autónomo de registro de asociaciones sindicales.

Los impactos de la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por Morena preocupan a empresarios y jerarcas sindicales. A los primeros, por las nuevas obligaciones de los patrones —entregar a los trabajadores ejemplar de contrato colectivo y la prohibición de realizar actos tendientes a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores— y a los segundos, por las disposiciones que garantizan los mecanismos de democracia directa para la elección de los representantes obreros.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿INFILTRADOS? Desde la divulgación de la minuta del consejo de administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México con la estrategia que implementaría el nuevo gobierno para recomprar los bonos y “mitigar riesgos” ante las calificadoras, quedó claro que la historia final del Nuevo Aeropuerto Internacional de México transcurriría en medio de la polémica. Entre el equipo de Gerardo Ferrando se atribuyen las filtraciones a cercanos de Federico Patiño, para desviar la atención sobre presuntos desfalcos. Lo cierto es que los más de 400 contratistas del NAIM son proclives a las indagatorias e incluso están dispuestos a colaborar con las nuevas autoridades, si éstas decidieran averiguar la corrupción en la megaobra del sexenio peñista. Por ejemplo, sobre las presiones para la compra de acero.

ERRÁTICOS. Férvido, de pocas palabras, Octavio Romero Oropeza es uno de los más cercanos a Andrés Manuel López Obrador desde aquellas épocas en las que ambos jugaban beisbol en los campos de Tepetitán. Junto con Alejandro Esquer y César Yáñez, formó el triángulo en el que AMLO basó su operación político-financiera hace 25 años. Ahora al frente de Petróleos Mexicanos, el ingeniero agrónomo fue consecuente con su temperamento tropical y decidió enfrentar el problema del robo del combustible con una estrategia radical que incluyó el cierre de los ductos, además de una vigilancia estricta a los piperos. ¿Sin gasolina no habría gasolinazo? El pasado fin de semana se generó un mercado negro en Guanajuato y Michoacán que disparó el precio de la gasolina a granel hasta a 60 pesos por litro. En urbes tapatías e hidrocálidas imperó la organización ciudadana y en las redes sociales circuló información en tiempo real sobre los expendios donde había combustible disponible y el tiempo estimado de espera en los centros de servicio.

ESTRATEGIA. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó la nueva estrategia de seguridad para la CDMX, que basa el despliegue de las fuerzas policiacas con una lógica de trabajo por cuadrantes y proximidad ciudadana para contener la inseguridad e incidir en la disminución de los delitos. Su implementación será tarea del secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, y de la procuradora, Ernestina Godoy, quienes además de la reorganización operativa procederán a una depuración policial y al aumento del estado de fuerza en casi un tercio. El Consejo Ciudadano de Seguridad, que encabeza Salvador Guerrero Chiprés, se encargará de su evaluación y en la última semana de enero un diagnóstico sobre los principales delitos y la percepción ciudadana.

  1. La disputa por las vacantes

    Hace una semana —la noche del 8 de enero—, Julio Scherer Ibarra remitió sendas comunicaciones signadas por el Ejecutivo federal para proponer a Enrique Jesús Ordaz López y Adrián Franco Barrios como integrantes de la Junta de Gobierno del Inegi, así como de Jonathan Ernest Heath Constable y Gerardo Esquivel Hernández como miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ambas duplas deberán ser examinadas por las comisiones primera (Gobernación y Puntos Constitucionales) y tercera (Hacienda) antes de ser dictaminadas en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

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