Le preguntaba la semana pasada a un reportero que recién había llegado a la zona de desastre en Los Cabos, tras el paso del huracán Odile, que de acuerdo con lo que veía, ¿qué había provocado más daños, las intensas lluvias o la fuerza del viento?

Su respuesta fue contundente. Entre las lluvias y los vientos se puede explicar 50% de los daños, la otra mitad de la calamidad fue provocada por la rapiña, los saqueos, los robos y los asaltos.

Odile dejó un saldo mínimo de víctimas, porque hay una cultura de protección civil bien entendida en las zonas costeras sujetas al castigo de este tipo de fenómenos.

Hace un año en las zonas urbanas de Guerrero las víctimas fueron pocas, si atendemos al tamaño del fenómeno. En la sierra un asentamiento ubicado bajo un cerro fue una tumba masiva.

Pero a Acapulco le ocurrió lo mismo que a Los Cabos o a La Paz en estos días. Justo en el descontrol de la emergencia se dio la rapiña. Y si hombres, mujeres y hasta niños robaron de todo es porque hay una muy alta probabilidad de que no sean castigados por este delito. Es más, pueden considerar que están en su derecho ante el castigo de la naturaleza. Además, nadie los vigila.

Fue una triste coincidencia que los dos fenómenos hidrometeorológicos se dieran entre el 15 y el 16 de septiembre, justo cuando el Ejército desfilaba frente al presidente en el Zócalo capitalino.

Vimos a la flamante Gendarmería protagonizar su primer desfile el 16 de septiembre, mientras una turba saqueaba impune los comercios de Baja California Sur.

No es una falla del gobierno de Peña Nieto. Es más la mala suerte de este gobierno de enfrentar estas emergencias en plenas fiestas nacionales que una falta de pericia.

Sin embargo, las dos experiencias negativas consecutivas de saqueos tras los huracanes hacen indispensable cambiar los protocolos de procedimiento.

En México existe mucho miedo a figuras como el estado de excepción, pero ante una emergencia catastrófica muchos países han encontrado en estos regímenes una salida para evitar la rapiña que puede dejar más daños y más huellas incluso que el fenómeno natural.

España, por ejemplo, que ha vivido dictaduras y golpes de Estado, tiene en sus leyes contemplados estados de emergencia donde se suspenden derechos ciudadanos ante una urgencia. Está perfectamente bien regulada y controlada. Lo mismo sucede en Estados Unidos e incluso en países sudamericanos como Perú o Colombia.

Es muy sencillo, se declara el estado de emergencia previo al golpe de un huracán (que sí se puede predecir). Dependiendo de las consecuencias, se levanta de inmediato o se mantiene el tiempo que sea necesario.

Los civiles tienen restricciones de movimiento, deben quedarse en albergues o domicilios mientras las fuerzas armadas ponen en funcionamiento los planes de emergencia.

Así, la próxima vez que venga un huracán el 15 de septiembre no serían pocos los elementos militares que tendrían la obligación legal de no desfilar para trasladarse al punto de impacto del huracán que sea.

Ojalá el poder Ejecutivo y el Legislativo se den cuenta de lo que ha ocurrido y den paso a esta figura. Y si tienen dudas de su necesidad, que les pregunten a los comerciantes saqueados que hoy están en los escombros y en la quiebra.