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No somos piñata, pero nos están tratando como punching bag o saco de arena. Cada tercer día, hay una nueva queja de Estados Unidos que el gobierno mexicano deberá atender. La más reciente se refiere al no combate a la piratería. México acaba de ser incluido en una lista negra que elabora la USTR, la máxima autoridad de comercio exterior de Estados Unidos y entidad con la que deberemos renegociar el T-MEC, de aquí al 2026.

La piratería en México dará a Estados Unidos el pretexto para pedirnos cuentas en un asunto en el que no hemos hecho la tarea. Se suma a otros temas que han marcado la relación binacional en los primeros 100 días de Trump: aranceles, migración, fentanilo, tratado fronterizo de agua y control del gusano barrenador, entre otros.

¿Cuáles son los reclamos relacionados con piratería? México sigue teniendo tasas muy altas de piratería en derechos de autor y no ha logrado combatir a los que infringen la ley ni compensar a aquellos que tienen pérdidas por las malas prácticas, dice un informe que tiene un sello con un águila en la carátula y se titula 2025 Special 301 Report.

Las infracciones de México incluyen piratería digital y fabricación y comercio de productos falsificados, además de medicamentos, según la USTR. Los reclamos de la autoridad estadounidense se refieren al incumplimiento de compromisos pactados en el T-MEC, pero también a la persistencia de malas prácticas que llevan mucho tiempo arraigadas. No sorprende que haya señalamientos por la lentitud e ineficacia de los procesos legales. Llama la atención que incluya una exigencia de incremento al presupuesto del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Mencionan las acciones de Operación Limpieza, que protagonizó Marcelo Ebrard hace tres meses, pero lamentan “que la presencia de productos piratas y falsificados en los mercados siga siendo una preocupación”.

La descripción del caso mexicano ocupa dos páginas, la 59 y 60. Empieza con lo que ocurre con la piratería de música y películas en línea: “está muy extendida y se ha incrementado en la medida en que ha crecido el acceso a la banda ancha”, dice, pero no incluye números que nos permitan dimensionar qué quiere decir “que está muy extendida y se ha incrementado”. La variedad de recursos que se utilizan para la piratería en línea amerita una descripción detallada en el informe: descargas directas, envíos entre pares, uso de aparatos o apps para bajar las señales de manera ilegal, entre otros. “Una barrera para la persecución efectiva es el requerimiento de demostrar que hay un beneficio económico y la presentación de una prueba física del material pirateado, aun en los casos en los que la piratería ocurre en línea”, dice el informe.

En el caso de mercancías “piratas”, la USTR afirma que México “continúa sufriendo (así dice) de una muy extendida importación, manufactura, venta y reexportación de bienes falsificados”. Critica que la Administración de Aduanas no tiene autoridad ex officio para confiscar o destruir productos sin antes notificar al IMPI o a la Fiscalía General de la República. Expresa su molestia porque no se publicaron las leyes secundarias que debieron haber reforzado las reformas a las leyes de Protección a la Propiedad Industrial de 2020.

Para México, son dos páginas de las 92 del informe. Este par de páginas se comparan con las 10 que le dedica a China, a quien se despacha como el principal infractor. El Reporte 301 para el 2025 incluye 26 países a los que coloca en dos listas: la Priority Watch List, donde están los más mal portados, y la Watch List, que se refiere a los que registran anomalías “más manejables”. En la Priority Watch List, como si fuera un avión, México está acompañado de China, India, Rusia, Venezuela, Indonesia, Argentina y Chile. En la Watch List, han colocado a Canadá, Colombia, Brasil y Vietnam, entre otros.

Es la primera vez que México está en este club Priority. Puede ser un aviso de lo complicado que será la renegociación del T-MEC o la oportunidad de trabajar en serio para resolver un tema que molesta al Tío Sam, pero aniquila a miles de empresas mexicanas.

Nota:

En el Reporte 301, la USTR hace referencia a un informe publicado en enero de 2025 sobre Mercados donde abiertamente se venden productos falsificados o piratas. En ese documento, elaborado por la administración Biden, se mencionan tres mercados mexicanos: San Juan de Dios, el Santuario en Guadalajara y Tepito, en la Ciudad de México. De San Juan de Dios, enfatiza que es propiedad del gobierno de Guadalajara, que no interviene para detener la venta de productos ilegales. El Santuario es “ejemplo” de mercado negro de medicamentos. La referencia a Tepito incluye su tamaño (el mayor de México) y la versión de que en 2024 no hubo una sola acción para confiscar mercancía ilegal.