Y cuando los contratos empiezan a prepararse para un resultado electoral específico, quizás el verdadero problema ya no sea la elección
El pasado domingo se realizó en Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los finalistas fueron Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. El candidato de derecha y el oficialista volverán a verse las caras en las urnas el próximo 21 de junio.
Pero más allá de meterme en la política colombiana, quisiera enfocarme en un fenómeno que ha surgido alrededor del proceso: la llamada “Cláusula Cepeda”. Si bien no se habla de ella abiertamente, algunos líderes empresariales han reconocido que podría estarse utilizando en determinados proyectos de inversión. Pero ¿a qué se refiere dicha cláusula?
Según diversos reportes, algunos proyectos inmobiliarios comenzaron a contemplar la posibilidad de que los inversionistas retiren sus recursos sin penalización si Iván Cepeda llegara a ganar la presidencia. No se trata de una ley ni de una disposición gubernamental. Es una figura surgida entre particulares a partir de una percepción de riesgo.
Y ahí está lo verdaderamente interesante.
Más allá de simpatías o rechazos hacia Cepeda, lo relevante es que algunos actores económicos decidieron convertir una elección presidencial en una variable contractual.
Es decir, el resultado de una elección dejó de ser únicamente un asunto político para convertirse en un factor económico capaz de activar mecanismos de protección patrimonial.
Sin querer meterme en camisa de once varas, me pregunto: ¿qué nivel de incertidumbre debe existir para que una empresa considere necesario incorporar una cláusula de escape asociada al triunfo de un candidato específico?
En teoría, los inversionistas evalúan tasas de interés, inflación, crecimiento económico, estabilidad regulatoria y expectativas de mercado. Sin embargo, cada vez con más frecuencia también evalúan escenarios políticos.
No es un fenómeno exclusivo de Colombia.
En distintos momentos hemos visto movimientos de capital, cancelaciones de proyectos o congelamiento de inversiones ante escenarios políticos que algunos sectores consideran inciertos.
La diferencia es que ahora esa preocupación parece estar quedando escrita en contratos.
Cuando eso ocurre, la política deja de influir indirectamente en la economía y comienza a formar parte de la arquitectura misma de las inversiones.
Los partidarios de Cepeda podrían argumentar que estas cláusulas son una manifestación de prejuicios ideológicos o una forma de presión política disfrazada de prudencia financiera.
Sus críticos responderán que los inversionistas tienen derecho a proteger su patrimonio frente a escenarios que consideran inciertos.
Ambas posiciones tienen algo de verdad.
Pero ninguno de los dos bandos responde a lo verdaderamente importante:
¿Por qué una elección genera suficiente incertidumbre para que algunos inversionistas quieran reservarse una salida anticipada?
La confianza es uno de los activos más importantes de cualquier economía. Se construye lentamente y puede deteriorarse muy rápido. No depende solamente de indicadores económicos. También depende de la credibilidad institucional, de la previsibilidad regulatoria y de la percepción que tienen los ciudadanos y los mercados sobre el rumbo de un país.
Por eso la llamada “Cláusula Cepeda” merece atención. No porque determine el resultado electoral colombiano. Tampoco porque represente necesariamente una tendencia masiva.
Sino porque revela algo más profundo: el momento en que la incertidumbre política deja de expresarse en conversaciones privadas y comienza a plasmarse en documentos firmados.
Y cuando los contratos empiezan a prepararse para un resultado electoral específico, quizás el verdadero problema ya no sea la elección.
Quizás el problema sea la confianza.
EN EL TINTERO
Mientras algunos inversionistas buscan mecanismos para protegerse de una eventual victoria de Cepeda, el debate de fondo sigue siendo el mismo: la confianza. Sin ella no hay inversión. Sin ella tampoco hay democracia sólida.
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