La cuota de mercado de las tres instituciones es poco significativa y eso —según los investigadores estadounidenses—“probablemente es indicativo de débiles controles”
La información de la Red de Control de Servicios Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro es lapidaria. Una de sus principales preocupaciones es proteger a las instituciones financieras de Estados Unidos de los riesgos expuestos ayer públicamente con las acciones contra Intercam, CIBanco y Casa Vector, quienes “conjuntamente han desempeñado un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”.
La cuota de mercado de las tres instituciones es poco significativa y eso —según los investigadores estadounidenses—“probablemente es indicativo de débiles controles”. O no se explican entonces los amplios flujos de fondos ilegítimos transferidos por esas entidades por los operadores de tres de los carteles mexicanos ahora catalogados como organizaciones terroristas.
A partir de “información no pública” a la que tuvo acceso, FinCEN ubicó a Intercam —“el banco del nearshoring”, presume su publicidad— en la cúspide en el análisis de activos ponderados de actividad potencialmente ilícita entre las instituciones financieras de México.
La Secretaría de Hacienda quiso minimizar la validez de la acción de las autoridades financieras estadounidenses. “Se solicitó pruebas del vínculo de esas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto.
Pero desde el 2015 —sostuvo la FinCEN— el regulador mexicano fue informado de distintas irregularidades en que incurría Intercam y recordó que la CNBV ya la había sancionado por 14 delitos ocurridos de 2013 a 2017. Ante ese cumplimiento deficiente, diversas instituciones financieras con sede en Estados Unidos abandonaron su relación con el banco mexicano.
La producción de metanfetamina y fentanilo —descubrió FinCEN— se ha financiado con recursos transferidos por las instituciones financieras a intermediarios de precursores químicos ubicados en distintos continentes. En algunos casos se identifican montos y operaciones (más de 1,000 transferencias por más de 8 millones de dólares, entre 2021 y 2024 que involucraron a empresas transportistas en países como Singapur y Hong Kong) y en otros, refieren que sus ejecutivos se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir la transferencia de fondos desde China, a finales de 2022.
“Intercam ha desempeñado un papel decisivo en el procesamiento de transferencias de fondos a empresas con sede en China de las que se sabe que han enviado precursores químicos a México con fines ilícitos”; entre ellos, 120 transferencias internacionales de fondos a por un total de más de 4 millones de dólares. Solo en un caso se menciona operaciones con la India y un responsable: Manu Gupta, quien fue detenido en 2019 por fabricar y traficar con fentanilo, así como por trasladar precursores químicos de China a México.
Los ejemplos son escandalosos: hace dos años, un empleado de CIBanco permitió la apertura de una cuenta que serviría para blanquear 10 millones de dólares para un integrante del cártel del Golfo y facilitaría el tráfico ilícito de opioides. Y entre el 2022 y el 2024 quedaron registradas 150 operaciones en el banco mexicano que transfirieron más de 100 millones de dólares a empresas instaladas en Taiwán y Suiza que habrían mediado para la adquisición de precursores químicos con una firma mexicana.
Las mulas de dinero de las organizaciones criminales son una constante en los tres casos señalados por el FinCEN. Y la descripción de las operaciones realizadas por Genaro García Luna en Vector —realizó transacciones por 40 millones de dólares entre 2013 y 2019— apenas es la punta del iceberg de una de las historias más picantes de los sobornos entregados a funcionarios mexicanos por el Cártel de Sinaloa. Ya se sabrá que exoficiales de alto rango de la extinta Secretaría de Seguridad Pública y renombradas empresas aparecen en los archivos de la casa de bolsa.
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