El problema se agrava porque el déficit podría elevar la deuda del gobierno o implicar aumentos en impuestos
El presidente López Obrador pensaba enviar iniciativas de reformas constitucionales en septiembre próximo, último mes de su gestión, confiado en que con sus aliados ganará el 2 de junio los más de dos tercios del Congreso que se requieren para su aprobación.
Lo anunció en marzo del año pasado, pero ha decidido adelantar sus propuestas a este 5 de febrero (aniversario de la Constitución).
Incluye el ahora corregido y aumentado Plan C que pregonaba para desmantelar el Instituto Nacional Electoral, lo cual fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia.
Ahora enviará seis o siete iniciativas, entre las que sobresalen la político electoral (chatarrizar el INE) y dinamitar el Poder Judicial (que jueces, magistrados y ministros sean electos “por el pueblo”) y una pensión universal de 100 por ciento de su último salario en las pensiones de quienes se jubilen.
Sabe bien que ninguna de esas iniciativas va a ser aprobada en la actual legislatura por la férrea y declarada oposición de las fracciones panista, priista, perredista y emecista. ¿Por qué entonces las envía?
Porque lo que menos le interesa es que se aprueben y el rechazo es lo que más le importa porque podrá decir antes de las elecciones que los “conservadores, reaccionarios, neoliberales y corruptos” no quisieron democracia como la que promete si en las elecciones de junio no solo gana la presidencia Claudia Sheinbaum, sino el carro completo en senadores y diputados.
Prometer no empobrece, pero no puede ignorar que en ninguna parte del mundo los jubilados cobran 100 por ciento de su salario al dejar de trabajar.
¿Por qué no menciona las pensiones de los trabajadores del sector público garantizadas por el ISSSTE –más bajas que las del IMSS– ni de Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad ni los servidores públicos de los estados y Ciudad de México?
El anuncio molesta y preocupa a muchos empresarios porque apenas en 2023 entraron en vigor las reformas de 2020 que significaron elevar las aportaciones patronales y reducir las semanas de cotización con un aumento a la pensión garantizada. La contribución patronal de 2023 a 2030 tendrá incrementos graduales para pasar de 5.15 por ciento a 13.87 por ciento en ese periodo. El Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y la Concamin participaron a fondo en los ajustes y afirman que antes de cualquier otra modificación se deben analizar los cambios hechos para determinar sus beneficios.
Por lo demás, en cuanto que seis de cada diez mexicanos que trabajan lo hacen en la economía informal, el sueño guajiro del 100 por ciento de pensión solo lo tendrán los que ganen más de 15 mil pesos mensuales.
El problema se agrava porque el déficit podría elevar la deuda del gobierno o implicar aumentos en impuestos.
Se estaría legando al próximo gobierno un grave problema financiero y de deuda que podría causar inestabilidad económica o una crisis con efectos negativos en el crecimiento económico y el empleo formal de quienes, con nuestros impuestos, mantenemos al gobierno.
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