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Para dar crédito a los dichos del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, sobre supuestas presiones, intimidaciones o amenazas de que fue “víctima” la noche del martes por parte de la ministra titular de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, conviene saber que ella, desde mucho antes de asumir el cargo (enero de este año), comentaba en privado su temor a usar WhatsApp por la fundada sospecha de que su número de teléfono celular estaba intervenido.

Recelosa entonces de tal aplicación, sujeta principal de una embestida presidencial sin precedente en la historia nacional contra el Poder que encabeza y, por último, con todo a su favor para ganar la guerra de exterminio emprendida por el cuatroteísmo, de súbito enfrenta una sorprendente acusación eventualmente penal del senador Armenta, quien sostiene haber recibido una serie de mensajes destinados a inhibir su desempeño legislativo:

Que un tal Francisco Tapia, en nombre de la ministra, contactó a su secretaria técnica de relaciones interinstitucionales, Daniela Pérez, para confirmar los números telefónicos.

“Recibí mensajes a las nueve (de la noche) con un minuto, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal”, dijo ayer desde la tribuna del salón de Plenos del Senado.

También que todavía no ha presentado la denuncia formal, en espera de la respuesta de la ministra.

Y después, en conferencia de prensa, informó tener “toda la conversación por escrito para el ejercicio de mi derecho, que resguardo para presentarla ministerialmente en el momento oportuno. Hay una serie de descripciones que jurídicamente me dan la razón y que probablemente podrían confirmar que es ella”.

Finalmente, advirtió que llegará “hasta las últimas consecuencias” y que no teme una contrademanda porque la “víctima” es él.

A continuación difundió los pantallazos de los mensajes, en donde por cierto no se percibe coacción, amedrentamiento ni amago alguno.

Primera observación: en la Suprema Corte sí trabaja un Francisco Tapia.

Segunda: no parece que sea el estilo de redacción de la ministra.

Tercera: como se vio con el cochinero de “mensajes” y pantallazos fabricados y alterados de la comisión “de la verdad” de Ayotzinapa, los mostrados por Armenta pudieran ser patito.

Cuarta: los primos Alejandro Armenta Mier y el diputado Ignacio Mier Velazco (el primero quiso desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el segundo fue el primero en promover una inconstitucional consulta para que “el pueblo” elija a los ministros) pretenden la gubernatura de Puebla, así que no sería raro que inventaran fregaderas para quedar bien con el destapador de corcholatas.

Quinta: si lo denunciado por el senador es verdad, la ministra no se disparó al pie, sino a la cabeza propia y a la de todos los juzgadores del país…