“Jurídicamente”, para Zaldívar lo malo, peligroso, dañino, perjudicial, difícil o molesto significa lo que quiera un ministro que renuncia
Grave significa extremadamente malo, peligroso, dañino, perjudicial, arduo, difícil, molesto, enfadoso, y se aplica en una cosa que pesa; grande si se alude a una lesión, frecuencia baja de vibraciones en un sonido, y palabra con acento en la penúltima sílaba.
Para el ministro renunciante Arturo Zaldívar, el término plasmado en la Constitución cuando mandata (artículo 98, tercer párrafo): “Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves…” tiene otro significado “jurídico”.
Le dijo ayer a Ciro Gómez Leyva:
“¿Qué es causa grave? No es una causa trágica, no es una causa de enfermedad, no es una causa de discapacidad, no solamente eso. Una causa grave es una causa importante, trascendente, primero a juicio de la ministra o ministro que presenta su renuncia. No hay un contenido único, es un contenido amplio, es un concepto jurídico que puede tener diversos contenidos específicos, dependiendo de las circunstancias. Entonces, causa grave es aquella causa importante a juicio del ministro” que renuncia.
“Jurídicamente”, para Zaldívar lo malo, peligroso, dañino, perjudicial, difícil o molesto significa lo que quiera un ministro que renuncia.
Pero si el idioma poco importa en la literalidad y la interpretación de la Constitución, esto que también dijo causa escalofrío:
“Otra cosa importante: estamos en un régimen de libertades, hay un nuevo paradigma constitucional de derechos humanos en México. A la luz de esto, la renuncia grave debe interpretarse en relación con los derechos humanos. En principio, la renuncia es una limitación por lo menos a dos derechos: el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el que tenemos las personas a hacer de nuestra vida lo que nos parezca más conveniente sin dañar a los demás, y la libertad de trabajo. Consecuentemente, la renuncia debe interpretarse de manera flexible…”.
Con esa coartada, Zaldívar bien puede (como en su momento la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero) acceder a una secretaría de Estado, a la Fiscalía General de la República, a una senaduría o diputación o litigar ante la justicia federal, pese a que la Constitución le impide ocupar esos cargos o querellar en tribunales durante dos años.
A idéntica argucia, por cierto, recurrió el sátrapa Daniel Ortega para perpetuarse en la tiranía de Nicaragua: la Constitución de ese país prohibía la reelección, pero alegó que se le limitaba en su “desarrollo de la personalidad y libertad de trabajo…”.
No sería raro que Zaldívar quiera matar tres pájaros de un tiro: a) diseñar la reforma que chatarrice al Poder Judicial de la Federación que le sirvió de trampolín, b) alzarse con alguno de los cargos que le están prohibidos y c) obsequiarle a López Obrador la oportunidad de imponer un quinto ministro en la Suprema Corte.
“Yo no estoy aquí por cargos, por puestos ni por privilegios”, decía el 6 de agosto de 2021.
“Estoy en esta Suprema Corte por valores, por principios y por convicciones…”.
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