Además de violarle su fuero constitucional, la aberración incluye que se le encarceló con base en una ley de CdMx para servidores públicos que no puede aplicarse en otras entidades
La muerte de Ariadna Fernanda López en la capital a principios de noviembre, cuyo cadáver apareció a un lado de la carretera La Pera-Cuautla y por cuya causa difieren radicalmente las fiscalías del estado y de CdMx, ha dado un salvaje giro con el traslado del fiscal Uriel Carmona al penal del Altiplano y el invento de una banda de feminicidas para desatar la cacería de una decena de servidores públicos morelenses.
Señalado por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la fiscal Ernestina Godoy como “encubridor”, el funcionario fue inicialmente acusado por “obstaculización de la impartición de justicia” por una conferencia de prensa en la que simplemente leyó las conclusiones del dictamen del servicio médico forense de Morelos, y luego fue acusado de “encubrimiento por favorecimiento” sobre la mentira de que no respondió requerimientos de la Fiscalía General de la República (lo que de ser cierto se penaría con multa, no cárcel), y ahora por “feminicidio en calidad de auxiliador”.
Además de violarle su fuero constitucional, la aberración incluye que se le encarceló con base en una ley de CdMx para servidores públicos que no puede aplicarse en otras entidades.
Un segundo detenido es Joel Reyes Becerril, secretario particular de una tercera en la mira: la fiscal de Feminicidios, Fabiola Betanzos.
La persecución político-carcelaria va contra otros siete u ocho inocentes de la Fiscalía de Morelos, la entidad que mal gobierna Cuauhtémoc Blanco (aliado y protegido de la 4T), contra quien Carmona abrió carpetas de investigación por eventuales actividades delictivas y su probable relación con capos del narcotráfico.
Con las dos primeras acusaciones, Carmona estaba en el Reclusorio Sur de donde, por ilegales órdenes de la dirección del penal, fue trasladado a la cárcel de los reos considerados más peligrosos.
Ante el arbitrario y consumado cambio, el juez dio por buenas las argucias penitenciarias y avaló el atropello de una disposición que, en todo caso, debió decidir el Poder Judicial, no una instancia administrativa.
Pese a que ninguna de las dos primeras acusaciones fue por “encubrimiento”, como habían afirmado la doctora Sheinbaum y la fiscal Godoy, la tercera convierte al fiscal en cómplice del asesinato de una mujer, porque aseguran que auxilió al o los presuntos feminicidas.
Los jueces de consigna que han secundado las falacias y sevicia de la fiscalía capitalina son, en orden de aparición: Júpiter López Ruiz, Sergio Acevedo Villafuerte y Héctor Fernando Rojas Pacheco.
De imponerse el sentido común de las leyes, el desenlace no lo decidirán las fiscalías enfrentadas, sino los peritos forenses que deberán probar: a) los de Morelos, que la tráquea de Ariadna Fernanda estaba azolvada con los restos de comida y alcohol que le provocaron la muerte por broncoaspiración, o b) los de CdMx, demostrar que el simple chichón por un golpe que no quebró algún hueso de la cabeza provocó un imaginario daño craneoencefálico…
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