Para López Obrador, se trató de un crimen perpetrado por delincuentes con la probable complicidad de militares del 27 Batallón de Infantería y autoridades locales y estatales
La explicable oportunidad de que ocho militares acusados de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa sigan su proceso en libertad hace prever otro desencuentro de los padres de Los 43 con el presidente López Obrador, quien el viernes anterior confiaba:
“Vamos a reunirnos con ellos. Yo voy a invitarlos cuando tengamos más información…”.
La única y súbita nueva información, sin embargo, provino al día siguiente del Poder Judicial, para desagrado de los padres y del presidente: la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo ordenó la excarcelación de los ocho a quienes, de manera por demás marrana y con base en los dichos de un delincuente protegido, la falsaria Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y la Fiscalía General de la República les fabricaron el delito desaparición forzada.
Raquel Ivette es la misma juzgadora que en junio del año pasado les dictó la prisión preventiva pero ahora les permite, mediante fianzas de 50 mil pesos, seguir sus casos en libertad (con la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada quince días en el juzgado).
Los liberados son: Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo Díaz (los ocho se entregaron de manera voluntaria después de que la FGR reactivara 16 órdenes de captura que habían sido anuladas).
A meses de ocurrida la matanza (26-27 de septiembre de 2014), la insidia que sembró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Ejército para justificar la hipótesis de que el de los normalistas fue un “crimen de Estado”, se la creyó el lópezobradorismo.
De ahí que se creara la Covaj bajo la conducción del ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y se apapachara al GIEI nombrando fiscal especial a su sectario achichincle Omar Gómez Trejo, lo que perfiló la persecución de militares y la ilusión de llegar al gabinete federal y al ex presidente Peña Nieto.
Con el propósito de echar abajo la terca “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam, la Comisión de la Verdad con su desaseo y la fiscalía especial con su ineptitud, convirtieron las investigaciones en un mazacote irresoluble, del que ya se dio cuenta el presidente López Obrador quien, pese a tener claras las mentiras del GIEI, sigue en creencia de que no ardió una hoguera en el basurero de Cocula; que participaron militares en el crimen y que la “verdad histórica” se fabricó.
Asume ya, pese a todo, que el de aquella noche no fue un “crimen de Estado” y exonera plenamente a Peña y al ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos.
Para López Obrador, se trató de un crimen perpetrado por delincuentes con la probable complicidad de militares del 27 Batallón de Infantería y autoridades locales y estatales.
Y eso, precisamente, es lo que siguen sin admitir los deudos y sus representantes…
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