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Sobre una supuesta investigación de dudosa consistencia, el comisariato político-policiaco en que ha devenido la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República obtuvieron de un juez de control 61 órdenes de aprehensión que les habían sido negadas por otro de distrito contra ex servidores públicos encabezados por Genaro García Luna.

Ahora, una empleada del Poder Judicial de la Federación corre el riesgo de ser sumada a la lista, pese a que nunca tuvo contacto directo con el ex secretario: Sonia Vargas Terrero, descrita así por Pablo Gómez, titular de la UIF: 

“Es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal inexplicablemente, (porque) es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares…”.

No informó con quién o quiénes fueron contraídos ni suscritos ni de qué se tratan esos contratos.

A los 61 perseguidos los implican en convenios de la extinta Policía Federal en el sexenio de Calderón y otros más con dependencias carcelarias del gobierno de Peña Nieto.

Pese a que solo uno de los convenios fue de la empresa propiedad de García Luna y por un monto aproximado de millón y medio de dólares, la presunción de la UIF y la FGR es que la tumultuaria pandilla transexenal se alzó con más de 700 millones de dólares que están siendo reclamados por el gobierno mexicano en una corte civil de Florida.

El señalamiento de antier contra Sonia Vargas es un misil contra la ministra Piña Hernández porque se siembra la insidia de una probable conexión con lavado de dinero y narcotráfico (de esto último, un jurado en Nueva York halló “culpable” a García Luna).

De los turbios negocios con recursos “de procedencia ilícita” (que no serían tales, porque habrían provenido de la hacienda pública) es el cuentazo de que los empresarios judíos de apellido Weimer, en imaginaria sociedad con García Luna, hicieron turbios negocios con las dos anteriores administraciones.

Inicialmente, las 61 órdenes de aprehensión fueron solicitadas el 8 de febrero de 2023, pero rechazadas en cuatro ocasiones por el juez de distrito Gregorio Salazar Hernández, especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro Penal de Justicia en el Estado de México (en Almoloya de Juárez). La negativa tuvo como fundamento que la FGR no demostró la comisión de algún delito.

Como en el desinflado caso de la treintena de científicos del Conacyt, la Fiscalía pretende que sus acusados sean encerrados en un penal de máxima seguridad, sin importar que no sean “de alta peligrosidad”, sino empresarios, ex funcionarios administrativos y familiares de García Luna (entre ellos dos que ya fallecieron y su suegra mayor de 80 años).

La acusación es falaz porque el ex secretario no fue ni es socio de las empresas con que se le liga.

Y ahora un pilonazo: infamando a una trabajadora de la Judicatura Federal, se quiere enlodar y calumniar más a la incómoda ministra Piña…