Y describe fallas clave de la Fiscalía, tan elementales como no haberse inconformado contra resoluciones anteriores en el desarrollo del proceso
La insolente reacción de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación a la excarcelación de ocho militares injustamente acusados de cometer el delito de desaparición forzada contra Los 43 de Ayotzinapa mereció un manotazo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial de la Federación.
En mancuerna, protestaron por la decisión de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo de permitir a esos inculpados llevar su proceso en libertad, dizque otorgándoles “ventajas indebidas”.
Gobernación hizo suyo el alegato de la “independiente” FGR, quien impugnó la resolución de la juzgadora y la de tres magistrados del Tribunal Colegiado correspondiente.
La Segob no se muestra extrañada porque en las prioridades del Poder Judicial de la Federación –afirma– “nunca ha estado hacer justicia…”.
Y delata su ignorancia del Derecho:
“Una vez más, el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición”, afirma.
Gobierno y Fiscalía dan por bueno lo que la 4T ha hecho en cinco años de manoseo político en su intento de quedar bien con los padres de los desaparecidos hace poco más de nueve años.
Como si no supieran que las averiguaciones encomendadas a la facciosa Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia se volvieron un cochinero infestado de expedientes plagados de inconsistencias y mentiras; uso de delincuentes procesados que misteriosa y perversamente fueron graduados de “testigos protegidos”; libramientos y cancelaciones de órdenes de aprehensión decididas por dedazo; padres y familiares de Los 43 sin respuestas claras, enfurecidos y cansados de las patrañas que las autoridades responsables les repiten en cada oportunidad; expedientes con descarados tintes políticos, todo esto solapado y cobijado por la Subsecretaría de Derechos Humanos que manejó Alejandro Encinas, quien dejó al gobierno como incompetente y mentiroso.
En los últimos cinco años, la endeble investigación solo ha servido para perseguir y encarcelar a ex servidores públicos eficientes y montar tres procesos judiciales en contra de 14 militares.
La asociación de magistrados de Circuito y Jueces no solo dejó ya claro que la Fiscalía y las víctimas aún disponen del recurso de apelación y podrán solicitar nueva audiencia para que, “si lo justifica”, sean sometidos de nuevo a prisión preventiva, sino que “todas las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales involucradas no otorgaron una ventaja indebida a esas ocho personas, antes bien, se realizaron con apego a la Constitución, Tratados Internacionales y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin comprometer los derechos de las víctimas ni las facultades de la Fiscalía”.
Y describe fallas clave de la Fiscalía, tan elementales como no haberse inconformado contra resoluciones anteriores en el desarrollo del proceso…
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