Inobjetable acta de defunción

El entierro de Fuerza por México no sorprende, dado lo inverosímil del proyecto que pretendía resucitarlo bajo el ridículo pretexto de que la pandemia afectó la votación que alcanzó en las elecciones y que, si las circunstancias hubiesen sido distintas, “habría” obtenido los votos necesarios para sobrevivir.

Cuántos malabares debió haber hecho el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, para enderezar el esperpento que de haberse aprobado acabaría con la zarandeada reputación que esa instancia constitucional arrastra. ¿Por qué un magistrado solvente y capaz presentó un proyecto que no pasa ni la prueba de la risa?

La propuesta de sentencia fue rechazada por los otros seis togados de la Sala Superior, entre otras razones por las que manifestó Janine Otálora Malassis, en el sentido de que no cabe interpretar el artículo 41 de la Constitución: los partidos deben perder su registro si no alcanzan el 3% de la votación. “Inaplicar la regla es inaplicar la Constitución.

Aplicar otra interpretación corrompería el sistema electoral y la contingencia sanitaria no justifica modificar las reglas”, sostuvo.

Como hizo ver la magistrada Mónica Soto, “las medidas decretadas por la autoridad electoral administrativa con motivo de la pandemia que sufrió nuestro país y que se vivió en el mundo entero no tuvieron como fin paralizar o entorpecer el ejercicio democrático”.  Imperó, pues, la cordura.

Para intentar evitar que el muertito fuera sepultado, los representantes del partido argüían que el INE les otorgó tarde el registro (no en junio, sino en octubre), omitiendo que en realidad se los había negado y que el Tribunal Electoral fue el que se los concedió.

Y esgrimieron la hilarante coartada de la emergencia sanitaria que, según ellos, les impidió conseguir los votos faltantes (obtuvieron 2.56 por ciento de los sufragios: .44 menos de los necesarios para mantenerse vivos).

El magistrado Indalfer Infante, quien suele ser ponderado en sus planteamientos, de manera por demás inexplicable hizo suyas las argucias de quienes tramposamente patalearon y elaboró un proyecto de sentencia que, de haber sido aprobado, habría dado al traste con la certeza, la igualdad y la equidad imprescindibles en cualquier legítimo proceso electoral.

Y peor: se habría dejado de aplicar la Constitución para salvar a un partido que no se ganó el respaldo suficiente de la ciudadanía, que es la que decide quién se queda y quién se va. Se sintió capaz de cambiar el mandato de las urnas y de suponer que las conjeturas pueden ser más fuertes que los hechos.

Nadie sabe lo que pudo ocurrir con Fuerza por México sin la emergencia sanitaria, pero justo esto es el meollo del asunto, porque lo que sí se sabe es que los votantes decidieron no darles otra oportunidad.

Pasado el susto, conviene reflexionar sobre las pretensiones en boga de argumentar situaciones “extraordinarias” para dejar de cumplir con la ley…