La “propuesta de austeridad” para el INE aventurada en la mañanera de ayer es una impertinencia, una insolente intromisión en un organismo clave del Estado que goza de autonomía constitucional.

Perfilada por los titulares de Gobernación, Adán Augusto López, y la Función Pública, Roberto Salcedo, y detallada por la oficial mayor y el subsecretario de Egresos de Hacienda, la conminación (es amenazante porque se da en el contexto del acérrimo encono desatado contra las instituciones independientes) es tan insensata como lo sería que el INE pretendiera sugerirle a la Presidencia de la República cómo ajustar su política económica.

La injerencia también implica una falta de respeto al Poder Judicial, ya que el tema de los recursos que la 4T escamoteó al INE se ventila en la Suprema Corte de Justicia. El anuncio se hizo luego de que, con pésimo gusto y deplorable insensibilidad, la conferencia iniciara con un mensaje de la impune secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, quien, como se confirmó jurídicamente el día anterior, motivó una multa millonaria a su partido Morena por haber esquilmado a los empleados municipales de Texcoco con el moche de un delincuencial diezmo para la causa cuatroteísta.

Salcedo puso la mantequilla: “Si se adopta como una política de Estado ampliándose también a los órganos gubernamentales independientes del Ejecutivo, la austeridad republicana tiene el potencial de asegurar que los recursos públicos se utilicen con el objeto real de lograr el máximo beneficio a la ciudadanía y atender los mandatos populares. Es con ese ánimo que se presenta, con todo respeto, el siguiente ejercicio de austeridad en el INE…”.

El subsecretario Juan Pablo de Botton quiso aleccionar a Clemente Jacques cómo enlatar chiles al decir que solo se proponía “transferir un poco de la experiencia que se ha tenido con la política de gasto” implementada por el gobierno.

Y también “de manera respetuosa” se aventó un curso de loca pichicatez, que incluye la ilegal aplicación de un “nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de mando y enlace, es decir, la parte superior”, sin afectar “al personal operativo, ni sindicalizado” (no hay sindicato en el INE), como tampoco “reducir plazas de ningún tipo”.

Visto de otra manera, se trata de pagarles menos a quienes tienen funciones de “mando y enlace”, que articulan la compleja maquinaria que garantiza a los mexicanos la limpieza de las elecciones.

La oficial mayor y el secretario de Gobernación abonaron en el mismo irresponsable y precipitado sentido, toda vez que fue hasta después de su mañanera “propuesta” (hacia las dos de la tarde) que, por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE formalizó su solicitud de recursos a la Secretaría de Hacienda, misma que obligada por el fallo inapelable debe responder de manera fundada y motivada al escrito del Instituto.

Vaya estos “juaristas”. ¿No les da pena la frecuencia con que hacen el ridículo?