De manera previsible, las dos incondicionales y sectarias del gobierno en el pleno de ministros, la plagiaria Yasmín Esquivel y la activista Loretta Ortiz, votaron contra el proyecto de Dayán
El fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre las leyes ilegales del plan B deja en evidencia la ignorancia de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, los legisladores de Morena y los machuchones del entorno presidencial.
A los ministros que aprobaron el proyecto de su colega Alberto Pérez Dayán les importó mucho más la congruencia en su compromiso con la legalidad, que la intimidante descalificación anticipada del mandatario, en el sentido de que si echaban abajo su diseño de una nueva “democracia” mexicana dejarían a la Corte como “la gran alcahueta del bloque conservador”.
Si dos leyes fueron anuladas por las “violaciones graves al proceso legislativo” con que fueron aprobadas, lo mismo espera a las cuatro restantes que descuartizarían al INE, pero no solo eso: idéntica suerte correrán las 20 que fueron palomeadas en la sabatina madrugada del madruguete sin haber sido siquiera leídas por las fracciones lopezobradoristas (una de ellas, la que expulsa del Conacyt a los universitarios y abre la puerta a los militares).
De manera previsible, las dos incondicionales y sectarias del gobierno en el pleno de ministros, la plagiaria Yasmín Esquivel y la activista Loretta Ortiz, votaron contra el proyecto de Dayán.
El voto a favor de Arturo Zaldívar es encomiable: despejó las dudas que sembró por sus afinidades con la 4T y su relación personal con López Obrador, y por haber hecho tercia con Esquivel y Ortiz para que la Guardia Nacional siguiera adscrita al Ejército.
Infortunadas y estériles fueron las presiones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, el secretario de Gobernación y el dirigente de Morena, invocando la tramposa coartada de la “voluntad del pueblo”.
Mario Delgado juzgó el fallo como “un claro atentado contra la división de poderes”, pretextando que “las y los legisladores, por mayoría y después de un intenso trabajo legislativo aprobaron esas reformas, son representantes populares y esta reforma respondía al clamor de la gente de vivir en una auténtica democracia, sin despilfarro. No a los intereses de una minoría. Desafortunada hoy la decisión de algunos ministros de la SCJN”.
Los “algunos” fueron nueve contra dos.
Igualmente desacertado es el tuit del presidenciable Adán Augusto López:
El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la @SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: plan C en las urnas.
Doble yerro: alude al llamado de AMLO para que, en las elecciones federales del 24, sus seguidores lleven al Congreso a los dos tercios (o más) de legisladores que se requieren para modificar la Carta Magna y él envíe una iniciativa de urgente resolución para que se la aprueben en el último mes de su mandato.
Sueño imposible.
El Artículo 71 lo prohíbe:
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.
Viva la efectiva división de poderes.