Por “odiosas” que sean las comparaciones, en 237 años (desde 1787), a la Constitución de Estados Unidos le han hecho 27 enmiendas, en tanto que la mexicana de 1917, en 108 años, ha sido reformada 769 veces
Por “odiosas” que sean las comparaciones, en 237 años (desde 1787), a la Constitución de Estados Unidos le han hecho 27 enmiendas, en tanto que la mexicana de 1917, en 108 años, ha sido reformada 769 veces.
En promedio, la nuestra registra 35 modificaciones por cada uno de sus 22 presidentes y, sin contar las 18 de las nuevas 20 iniciativas que AMLO envió el 5 de febrero al Congreso, ya suman 52 las aprobadas durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
(De 1917 y 1934, cuando el periodo presidencial era de cuatro años, nada más Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles completaron sus presidencias, no así Carranza, de la Huerta, Portes Gil, Ortiz Rubio ni Abelardo Rodríguez)
A partir de Lázaro Cárdenas y hasta Enrique Peña Nieto, 14 primeros mandatarios cumplieron su mandato de seis años, pero el de López Obrador terminará el 1 de octubre próximo. Será de cinco años y diez meses, debido a la reforma electoral que se aprobó en febrero de 2014.
Para impulsar sus nuevas propuestas constitucionales (que de ser aprobadas alcanzarían la cifra récord de 70), López Obrador no tiene reparos en violar la ley ni ser ofensivo, avieso y pendenciero en su frenético activismo electoral.
Este lunes confesó:
“Ayer veía yo que se alarmaban, ¿no?, de manera hipócrita, algunos periodistas conservadores o medios, porque dije aquí que, en efecto, la reforma al Poder Judicial tenía que ver con los cambios y aprovechando que vienen las elecciones. Claro, claro que sí, con toda transparencia, porque no se puede reformar el Poder Judicial si no se tiene mayoría calificada en el Congreso ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores…”.
Según insiste, “el Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, sólo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia. Solo así vamos a poder avanzar. Y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezar…”.
Y sobre las instituciones autónomas que quiere desaparecer:
“Todos estos organismos, la mayoría (sic) de ellos, los crearon en el periodo neoliberal, cuando se tomó por asalto el gobierno y se puso el gobierno al servicio de una minoría, delincuentes de cuello blanco (…). Eso fue lo que padecimos durante 36 años…”.
Por eso quiere de plano desnaturalizar la Constitución, politizando el Poder Judicial de la Federación y extinguiendo instituciones autónomas del Estado como la de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la de Telecomunicaciones, la de Competencia o la Reguladora de Energía, cuya tarea es hacer efectivo el derecho de los mexicanos a la información que el gobierno escamotea o que los precios de bienes y servicios cuesten menos a los consumidores…
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