¿Pactos de silencio entre quiénes, si en casi 10 años se agotó lo averiguable y han declarado los asesinos en que la 4T confió como “testigos protegidos”?
Muy lejos de servir para “resolver” el caso Iguala, la polémica nueva Ley de Amnistía beneficiará sobre todo a narcotraficantes.
Según el presidente López Obrador, con su aplicación podrán romperse imaginarios “pactos de silencio” que, supone, impiden conocer una verdad alterna que desacredite la jurídicamente “histórica” que nada ni nadie ha podido echar abajo sobre la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Lo sucedido entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 se conoce desde enero de 2015, cuando el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, hizo la narrativa de hechos.
Esa versión, sustentada en diligencias, peritajes, testimonios y evidencias, fue confirmada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que presidió Luis Raúl González Pérez en su recomendación de noviembre de 2018.
¿Pactos de silencio entre quiénes, si en casi 10 años se agotó lo averiguable y han declarado los asesinos en que la 4T confió como “testigos protegidos”?
El Gil (clasificado como Juan), El Cepillo, El Chereje, El Jona, El Pato, El Chino (resguardado como Carla) y muchos otros de los más de 70 liberados indebidamente han sido virtualmente exprimidos de información contradictoria y no cuajó el intento de imponer sus mentiras como verdad.
¿A quién de los partícipes que se supone han impedido conocer “la verdad” aplicará el Presidente su nueva Ley de Amnistía?
No hay nadie que pueda dar más información de la ya conocida, a menos que por fin se haya decidido buscar en Estados Unidos a El Güereque, el verdadero homicida apodado también La Rana, identificado a plenitud en la investigación de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH que encabezó José Trinidad Larrieta, o que se haya decidido buscar, detener e interrogar a El Pajarraco y corroborar lo que declaró sin presiones a visitadores de la CNDH y cuyo testimonio coincide con la hipótesis del basurero de Cocula.
O se solicitará a EU la extradición del indebidamente asilado ex juez de barandilla José Ulises Bernabé García, ante quien fueron presentados entre 23 y 28 levantados antes de ser entregados al sicariato de los Guerreros Unidos para ejecución y quema de sus cuerpos.
Quizá también se pretenda aplicar la nueva ley a quienes han impedido se reconozca la verdad verdadera: los mismísimos Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo, que se opusieron hasta la irracionalidad a enviar a la Universidad de Innsbruck los 114 restos óseos propuestos por la CNDH anterior a Rosario Piedra para su análisis genético y cuyo resultado terminaría por reconfirmar el destino final de los normalistas.
Seguramente no.
La nueva facultad presidencial solo puede servir para que López Obrador cumpla su compromiso de liberar a narcotraficantes, como prometió desde que andaba en campaña.
Tal abusiva potestad no está inspirada en razones de justicia, sino en intereses políticos para ganar la simpatía electoral de puro delincuente devoto de la Santa Muerte que promueve Morena…
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