La repulsión de la 4T a la institucionalidad y la legalidad tocó fondo con la demencial denuncia que el irresponsable morenista que preside la Cámara de Diputados presentó ante la Fiscalía General de la República contra los consejeros electorales que votaron por la postergación de onerosos pasos previos a la consulta sobre la revocación de mandato. Por fortuna el principal denostador del INE, Andrés Manuel López Obrador, descalificó la pretensión aunque, fiel a su estilo, demeritó el ejercicio insinuando un pase de charola para financiar encuestas que no tendrían la misma validez constitucional.

En el sector público, cada servidor tiene la facultad, la responsabilidad y el derecho de hacer lo que prevén la Constitución y las leyes para que, en última instancia, su conducta sea sancionada por el Poder Judicial, y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó, por seis votos contra cinco, posponer acciones que se traducen en costos que, según sus cálculos, no puede sufragar el organismo.

Tan lógica es su posición que, al resolver que el INE carece de atribuciones para posponer el proceso, el Tribunal Electoral exhortó a la Secretaría de Hacienda tomar en cuenta los razonamientos del instituto para contar con el presupuesto requerido en un ejercicio prácticamente idéntico a una elección presidencial para: la contratación de casi 32 mil 500 capacitadores a quienes debe pagárseles mil 212 millones de pesos, la instalación de 161 mil 490 mesas receptoras que importan mil 471 millones; una campaña de difusión que cuesta más de 27 o la impresión de la lista nominal de electores, que significa una erogación de casi 32 millones de pesos.

El capricho, disfrazado de revocación para una innecesaria y vanidosa ratificación, alcanzó niveles tan peligrosos para la legalidad que el intento de postergar la consulta llegó a dos instancias inapelables del Poder Judicial federal: la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral.

¿Qué habría sucedido si sus respectivas resoluciones no hubieran coincidido en que deben continuarse los pasos hacia la consulta?

La repulsión que los cuatroteístas le tienen a la legalidad implica un claro desprecio por la democracia ya que, en última instancia, tanto en el Tribunal como en la Corte, magistrados y ministros deciden por votación. ¿Por qué fanáticos como el estulto líder diputadil vienen perfilando la inhabilitación, el “juicio político” y hasta el encarcelamiento de los consejeros electorales antes de agotarse los recursos legales de cualquier litigio?

Lo fácil es cacarear la obligación que tiene el INE de acatar la ley soslayando que carece de los recursos necesarios. Con su misma lógica, ¿cuántos funcionarios debieran ser denunciados por no garantizar la seguridad pública, los medicamentos, la vivienda o la alimentación, pese a ser éstos derechos amparados por la Constitución?

¿Quién pagará por el desastroso riesgo que se corrió de dinamitar por dentro a uno de los tres poderes de la Unión…?