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Sin el fideicomiso para desastres naturales, sin presupuesto específico para 2024 y ni siquiera el nombramiento de un comisionado federal que encabece una estrategia precisa de reconstrucción para Acapulco y Coyuca, los damnificados que habitaban las 250 mil viviendas que el viento huracanado se llevó tampoco serán apoyados con asesoría profesional para que, habilitados de albañiles, hagan lo que el presidente López Obrador anunció: “autoconstruir” las modestas casas, chozas y jacales que perdieron.

De prosperar esta variante de a rascarse con sus uñas, lo que la pobre gente “autoconstruya” será tan vulnerable como lo que Otis desapareció.

La destrucción causada por los temblores de 1957, 1985 y 2017 motivó actualizar los reglamentos de construcción para que los inmuebles resistan mejor las impredecibles sacudidas (esto explica que los edificios hoteleros y habitacionales de Acapulco y otras ciudades asentadas en regiones sísmicas, levantados con apego a las nuevas disposiciones, no registren daños estructurales cuando son zarandeados).

Por eso es de suponerse que después del huracán se fijen reglas nuevas para que las construcciones en zonas expuestas a tormentas tropicales y huracanes aguanten vientos de hasta 250 y 300 kilómetros por hora.

Se antoja impensable que los propietarios de hoteles y departamentos en Acapulco hagan reparaciones sin asegurarse de proteger ventanas, puertas, plafones y muebles como los que Otis mandó a volar (en la costa atlántica estadunidense, ante amenazas de tormentas y huracanes, se protegen los accesos y ventanas, e inclusive se procuran refugios bajo tierra para que los estragos en las construcciones y sobre todo en la población sean menos catastróficos).

Por consideraciones como éstas preocupa que López Obrador, en una de sus furtivas visitas a la zona naval del puerto, anunciara una ilógica receta para la recuperación 250 mil casas:

“La reconstrucción se tiene que hacer con la participación de todos, con un sistema de autoconstrucción, que no es cosa de otro mundo porque la mayoría de las viviendas las han hecho las familias, que primero consiguen los recursos para comprar los materiales y conocen a los maestros albañiles (…). Y eso no lo podríamos hacer solos desde el gobierno, o con las empresas constructoras…”.

¿Y por qué no?

Por “aspiracionista” que parezca, se requiere un ambicioso Plan Marshall a escala de la zona devastada en Guerrero.

Lo menos que el gobierno federal puede ofrecer es asesoría especializada para que las nuevas viviendas soporten vientos excepcionales y llamar a las agrupaciones de ingenieros y universidades a orientar y supervisar gratis a quienes ahora, además de buscar trabajo, deben hacerla de albañiles.

Dejar en manos de los damnificados la “autoconstrucción” de lo que perdieron es resignarse a que lo “nuevo” será hecho con improvisaciones tan viejas y funestas como la falta de cimentación, muros de tabique o adobe sin castillos y techos de lámina que se vuelven proyectiles y papalotes…