Aunque ayer quiso disminuir aún más el número de manifestantes (“50-60 mil”) que calculó el lunes para la marcha del domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (pese a que de las vistas aéreas es fácil imaginar a esas multitudes atestando y hasta desbordando la Plaza de la Constitución), el presidente López Obrador parece haber entendido que su alevosa iniciativa de reforma política no será palomeada por los dos tercios de diputados y senadores que se requieren porque, a pregunta expresa, improvisó en su mañanera este ilusorio “plan B”:

“Es posible que, sin violar la Constitución, se pueda proponer en una ley o alguna reforma a la ley electoral que se elija a los consejeros y magistrados del INE y el Tribunal Electoral; que sea posible que no haya plurinominales; que en vez de 500 sean 300. Ver si existe, de acuerdo con lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma. Lo ideal sería la reforma constitucional, pero como son intereses de los oligarcas que no quieren la democracia (…), entonces todo aquello que se pueda hacer sin violar la Constitución, pero no dejar de luchar, porque dejar de luchar es como empezar a morir…”.

A estas alturas de su gobierno y ante el vehemente debate público por su propuesta que ha dividido todavía más a la sociedad mexicana, debiera saber que, a diferencia de lo que hizo con las modificaciones a las leyes de la industria eléctrica, de persistir en su nueva ocurrencia, no necesariamente contará con el apoyo de los cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia que él promovió y dejaron pasar lo que subyace en los reclamos de Canadá y Estados Unidos por violaciones al T-MEC ni en los que confía para que prospere la inconstitucional absorción de la Guardia Nacional por el Ejército, porque se antoja inimaginable que validen lo que contraviene la Constitución.

Para efectos prácticos, en vez de pensar en un “plan B” condenado al fracaso, le conviene cocinar la receta “de lo perdido, lo hallado”, ya que el relevo en abril de cuatro de los 11 consejeros electorales le dará oportunidad de hacerse de la mayoría de miembros del Consejo General: El cuarteto debe ser preseleccionado por un comité técnico de siete personas “de reconocido prestigio”, mandata la Constitución, propuestas así: Tres por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Dos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información.

Y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Del INAI cabe confiar en su independencia, pero no de la Jucopo diputadil compuesta por los coordinadores de las fracciones parlamentarias y presidida por el de la mayoría absoluta del pleno, o sea, Morena.

Y de la CNDH, convertida por Rosario Piedra en sierva de la nación y alcahueta de la 4T, nada saludable para la vida pública y menos para la democracia se puede esperar. Consterna por lo mismo saber que la mala suerte del INE y la democracia mexicana de los próximos años, con y sin marchas, ya está definida…