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Los maestros pensionados y jubilados de Baja California llevan un mes en las calles de Mexicali y Tijuana, a pesar de la contingencia sanitaria. Las primeras movilizaciones fueron contra el gobernador morenista, Jaime Bonilla, por la falta del primer pago correspondiente al 2021.

Ahora, los afiliados a las dos secciones sindicales del SNTE participaron en sendas caravanas motorizadas para exigir una pensión digna y que el pago a los jubilados permanezca en salarios mínimos. Una protesta silenciosa —las consignas fueron colocadas en los medallones y las ventanas laterales— que aglutinó a 300 unidades frente al Centro de Gobierno de Tijuana, mientras una comisión de docentes exponía sus reclamos.

Han pasado dos semanas de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación definieran que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el ISSSTE debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La desindexación del salario mínimo fue una reforma a la Constitución propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y de acuerdo con los ministros, la intención es que los el sueldo de los trabajadores tuviera incrementos constantes para recuperar el poder adquisitivo pero que no se incrementaran otra serie de conceptos ajenos al salario, entre ellos obligaciones, multas, créditos, y las 21 prestaciones sociales, económicas y culturales contempladas por contrato.

Pronto habrán de multiplicarse las protestas de los pensionados y jubilados afectados por esa decisión judicial y que afectar por igual al gremio universitario, al magisterio nacional y a los afiliados a la FSTSE. En una misiva, Joel Ayala Almeida, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, emplazó al Ejecutivo federal a evitar “conflictos que trastoquen la vida institucional” a través del diálogo y el entendimiento.

En una misiva dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder de los burócratas repudió el fallo de la Segunda Sala y reiteró que la Junta Directiva del ISSSTE debe cubrir “en tiempo y forma” con el monto de pensiones y jubilaciones.

Efectos secundarios
PERMANENCIAS. Es sabido que la 4T y el INE no han tenido la mejor relación y en los últimos 24 meses han sido múltiples sus desencuentros. Entre los más intensos, la unción de Jesús George como contralor del órgano autónomo que derivó en la presentación de denuncias penales contra integrantes de la Junta Ejecutiva. Ayer, el pleno del Consejo aprobó el informe anual presentado por el funcionario nombrado por la Cámara de Diputados y el presidente consejero, Lorenzo Córdova apeló a una lectura “adecuada y completa” del documento, tras de resaltar que fueron completadas las 62 auditorías al 100%, a pesar de la limitaciones impuestas por la contingencia sanitaria. Abierto el plazo para las aclaraciones y la solventación de las observaciones, se atraviesa el proceso electoral federal. Y en la cúpula del Instituto siguen las incomodidades pues además de George verán con frecuencia al representante morenista, Sergio Carlos Gutiérrez Luna. El abogado veracruzano llegó a la herradura de la democracia y a San Lázaro como suplente de Horacio Duarte Olivares. Ambos enlistados en la Quinta Circunscripción, como plurinominales. Y buscará la elección consecutiva —se quejan— cobijado por un grupo político asentado en su natal Minatitlán y que encabeza el líder petrolero Jorge Wade González.